De cara al próximo curso escolar, los obispos de Galicia recuerdan en un documento de ocho puntos la posición, ya conocida, de la Conferencia Episcopal Española sobre la Educación para la Ciudadanía. Cumplen así el deber que les concierne de orientar la conciencia de los católicos.

La argumentación de los obispos se basa en la defensa del derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos. Se trata de un derecho fundamental, previo a las leyes positivas, que, además, se ve reconocido por la Constitución Española. La EpC vulnera ese derecho, en la medida en que el Estado impone una formación moral al margen de la libre elección de los padres.

Pero, si se entra en los contenidos de la asignatura, tampoco queda ésta bien parada, pues "impone una concepción del hombre que contradice el ideario propio de las escuelas católicas", comprometiendo así la libertad de educación. ¿Qué hacer? Los obispos expresan un deseo: "que se paralice la implantación de esta asignatura tal como está programada" y, subsidiariamente, que se posibilite su adaptación al ideario de los Centros.

Se recuerda a los padres que, entre otros medios legítimos, pueden recurrir a la objeción de conciencia frente a la EpC.

Sin duda, las palabras de los obispos son oportunas. Pero la batalla, si hay que librarla, corresponde a los padres. Y en los tribunales. Cabe preguntarse si merece la pena que el Gobierno se empeñe en imponer una materia que suscita, en muchos ciudadanos, un razonable rechazo.