El inveterado afán de los partidos de instrumentalizar (cada uno con sus “modos”) el Poder Judicial y el insólito bloqueo en la renovación de su cúpula tienen a su vez bloqueada la del escalón más alto de los tribunales. La larga huelga de los letrados de la Administración de Justicia, a todas luces desmedida pero a la que el Ministerio respondió, en una calamitosa negociación, primero con prepotencia y luego con entreguismo, ha llevado a un final que tanto los demás funcionarios como los jueces consideran un agravio comparativo. La suma de todo ello es una emergencia institucional y una gravísima crisis que deteriora la prestación de un servicio público esencial para el funcionamiento de la sociedad y la seguridad jurídica. La aparente falta de interés en afrontarla alimenta la idea de algunos –para mí inconcebible– de que al estamento político no le interesa que la Justicia funcione.