El perito judicial gallego Mario Costeja es el David que ha saltado a la palestra europea porque ha ganado el combate para lograr que el Goliat que representa Google borre una información suya desactualizada. Este abogado de 56 años denunció al gigante de internet por seguir indexando en sus resultados de búsqueda datos antiguos y referidos a un embargo, según los que seguía siendo "deudor y casado". Pese a las primeras conclusiones del abogado general europeo Niilo Jääskinen, que le negó la razón, Costeja aguantó un segundo 'round'. Y ganó.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el máximo órgano en la materia, ha respaldado el "derecho al olvido" defendido por España a través de la Agencia Española de Protección de Datos. Señala en su fallo hecho público ayer que los motores de búsqueda como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y no son ya pertinentes. Se trata de una sentencia pionera y además, no cabe posibilidad de recurso.
Este gallego residente en A Coruña se ha convertido en el impulsor de esta medida en internet después de que el Tribunal europeo le haya dado la razón, pero introduce un matiz y es puntualizar que "nunca" ha defendido en sí el derecho al olvido, sino la "supresión de datos irrelevantes o que puedan ofender a las personas, o menoscabar su dignidad".
"Si, a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de esos enlaces en la lista es incompatible actualmente con la Directiva (de protección de datos personales), la información y los enlaces que figuran en la lista deben eliminarse", afirmó la Corte con sede en Luxemburgo en su sentencia de 28 páginas.
Respuesta del buscador
La reacción de Google no se ha hecho esperar. La directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google para el sur de Europa, Marisa Toro, aseguró: "Esta es una decisión decepcionante para los motores de búsqueda y editores online en general. Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del Abogado General y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión".
Desde la Agencia Española de Protección de Datos, su director, José Luis Rodríguez Álvarez, ha manifestado su confianza en que esta sentencia "marque un punto de inflexión" en la conducta de Google, para que, "a partir de ahora, cumpla con la normativa europea de protección de datos y respete los derechos de los ciudadanos".
Las asociaciones de internautas difieren sobre lo efectos de la sentencia, ya que unas la consideran un avance para la privacidad del ciudadano mientras que otras creen que el fallo otorga aún más poder a Google.
La decisión afectaría a más de 220 recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la AEPD, actualmente pendientes de resolver ante la Audiencia Nacional, y que todavía tiene que solucionar el recurso bajo las recomendaciones vinculantes del tribunal europeo. La sentencia hace prever una "avalancha" de reclamaciones de ciudadanos para que Google retire de la red enlaces a informaciones que les perjudican, según ha explicado el abogado Víctor Salgado.
Otros gallegos
"Esta sentencia de hoy es el final de un largo camino iniciado en 2010, defendiendo los intereses de ciudadanos españoles frente a la todopoderosa Google", asegura Samuel Parra de eprivacidad.
Desde evitar que al introducir su nombre en un buscador lo primero que salga sean delitos o embargos recogidos en boletines oficiales hasta eliminar comentarios negativos en foros o blogs que menoscaban el honor de personas de negocios o cerrar webs con fotografías comprometidas. Estos son las principales demandas que los ciudadanos realizan a las empresas especializadas en borrar datos privados de la red como eprivacidad.es. Desde 2011, esta empresa contó con 180 peticiones desde Galicia, aunque los gallegos no son quienes más reclaman. "En la actualidad tenemos una veintena de casos de gallegos aún sin resolver", señalan.
El protocolo de estas empresas es contactar con las webs tratan los datos personales -"que no siempre coinciden con quien lo publicó", indican- para solicitarles que retiren los contenidos que dañan al cliente. Si no acceptan se inician acciones legales con la Agencia Protección de Datos. Pero no siempre se puede borrar una información.
