La sentencia, conocida hoy, sobre el llamado "derecho al olvido" en Internet del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace prever una "avalancha" de reclamaciones de ciudadanos para que Google retire de la red enlaces a informaciones que les perjudican, ha dicho a Efefuturo el abogado Víctor Salgado.

Este experto jurídico en nuevas tecnologías ha explicado que, a raíz de esta sentencia, cualquier persona puede dirigirse directamente a Google en su país de origen en Europa y ampararse en la misma para ejercer sus derechos de protección de datos.

En concreto, para exigir sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ha añadido.

Existen modelos para reclamar ya preparados que se pueden descargar directamente desde la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Google estudiará caso a caso cada reclamación interpuesta, y legalmente está obligada a responder al demandante en un plazo máximo de diez días.

En el caso de reclamar la retirada de un enlace y no tener noticias de Google, el afectado podrá acudir a la AEPD, que actuará en nombre del ciudadano sin que ello le suponga ningún coste; la Agencia de Protección de datos se encargará de todo el proceso para exigir que se desindexe el contenido.

Google podría no acatar la sentencia y hacer oídos sordos a las reclamaciones de retirada de enlaces, pero incurriría en multas de hasta 600.000 euros.

La empresa tiene la opción de recurrir al Tribunal Supremo e incluso al Constitucional e incluso en últimas instancias llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo, pero no parece muy probable, según Salgado.

Esta sentencia es "una verdadera revolución", porque supone un antes y un después en el reconocimiento de forma especialmente contundente del llamado "derecho al olvido" de los ciudadanos.

La resolución hace prevalecer el derecho a la privacidad de los ciudadanos frente al de libertad de expresión en el que se amparan los proveedores de contenidos en Internet.

Se trata de un "hito" porque supone además aplicar la legislación europea a estos proveedores tipo Google en los casos en los que las reclamaciones proceden de ciudadanos de la UE.

Hasta ahora se les remitía a los tribunales estadounidenses en caso de problemas, cuya legislación es menos rigurosa en cuanto a protección de la intimidad de las personas.

"Se defendían como gato panza arriba delegando sus responsabilidades a terceros pero ahora ya estarán implicados directamente", ha añadido el experto.