La investigación que ha culminado en este golpe contundente a la piratería se inició en julio de 2006 a raíz de las denuncias presentadas por la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP) la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) los los Productores de Música de España (Promusicae) la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese).
Según la Policía, esta actuación es pionera a nivel mundial ya que por primera vez se ha constatado que los propios administradores de estas webs son los encargados de grabar los contenidos en los cines, montar imágenes y audio y finalmente colgarlas en la red. Las páginas proporcionaban los medios necesarios para la obtención de copias ilegales mediante enlaces a programas de intercambio de archivos. El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, precisó que dos de los administradores fueron detenidos cuando salían de las salas de cine después de grabar el audio de los últimos estrenos.
Los detenidos conseguían la copia de una película antes de su estreno en España descargándola de servidores extranjeros. Una vez que tenían la copia de la película en otro idioma, se desplazaban hasta las salas de cine de su localidad y, en horario de público reducido, grababan el audio del estreno en español, capturándolo en un grabador digital. Posteriormente, mediante programas informáticos sustituían el audio extranjero por el sonido capturado en la sala de cine y la subían al servidor. De los detenidos, seis se dedicaban a grabar en las salas, cinco de los cuales son administradores.
GRANDES INGRESOS
Los administradores obtenían los ingresos de los contratos publicitarios que mantenían con diferentes empresas del sector. La temática de la publicidad insertada en las webs era principalmente de casinos virtuales, contenidos pornográficos de pago y tiendas virtuales de productos informáticos. Una de las mayores fuentes de ingresos era el registro de los usuarios, cuyos datos eran cedidos por parte de los ´webmasters´ a diferentes empresas de publicidad a cambio de una contraprestación económica. De este modo, alguno de los detenidos llegó a percibir unos 145.000 euros y el total de beneficios sobrepasaban los 625.000 euros.
Mesquida informó que la detención de las diez personas -sin antecedentes penales- se ha producido en seis comunidades: Galicia, Comunitat Valenciana, Baleares, Euskadi, Murcia y Madrid. Además, explicó que los detenidos podrían llegar a pasar hasta 2 años en prisión, aunque, puntualizó, "lo lógico es una multa". También destacó la "gran envergadura" de la operación por la que se han bloqueado 21 páginas web que sumaban 15.000 descargas al día, alojaban más de 20.000 archivos y la mayoría recibía en torno a medio millón de visitas diarias.
La Policía estima que su actividad habría ocasionado más de 1.000 millones de pérdidas sólo en la industria del cine, dado que acumulaban el 40% de toda la música y el cine pirateado en la red de nuestro país. Por otro lado, los archivos musicales bajados de la red, rondan los 750 millones según la Centro de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura (Cimec). La piratería ocasiona al año más de 5.000 millones de pérdidas en el sector cinematográfico y musical. Según la FAP, el volumen de descargas de películas pirateadas en España supera los 132 millones al año, unos 2.600 millones de pérdidas en la industria del cine.
PROTEGER LA CULTURA
La ministra de Cultura, que acompañó a Mesquida y al comisario general de la Policía Nacional, Juan Antonio González, y el Jefe del Grupo Antipiratería, José Rodríguez, incidió en la necesidad de "proteger la cultura española" de las mafias de la piratería y resaltó el "destrozo" que provoca esta actividad "ilícita" sobre la producción de música y cine en nuestro país. Además, recordó que según un informe elaborado por la Universitat de València y la Carlos III de Madrid, la industria cultural representa un 4 por ciento del PIB nacional.
En esta línea, informó que el Ministerio de Cultura ha invertido 4 millones de euros en los primeros dos años de legislatura en campañas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía para trasladar a la población que el "futuro de la cultura española depende de la protección de los bienes culturales". También mencionó las dificultades en las que incurrirán los jóvenes talentos si la sociedad española "no es activa en la prevención de la piratería".
