La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción por incumplimiento de la sentencia del TUE. España tiene ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si al final del procedimiento no se introduce el canon en las bibliotecas, el Ejecutivo comunitario podría pedir al Tribunal de Justicia la imposición de multas diarias.

En concreto, Bruselas considera que España vulnera la directiva sobre derechos de alquiler y préstamo, que estipula que los autores deben recibir una remuneración cuando sus trabajos se usen para el préstamo público en una biblioteca. La norma permite que algunas categorías de establecimientos se libren del pago de esta remuneración, pero no que queden eximidas todas las bibliotecas públicas con carácter general.

Sobre esta misma cuestión del pago del canon por parte de las bibliotecas, la Comisión abrió también un expediente contra Italia y envió un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción, a Portugal. Ambos países tampoco han respetado las respectivas sentencias del TUE que les condenaron.