El hombre que ejerció como guardia hortelano del pazo de Meirás hasta 1990 será el encargado de abrir hoy la ronda de testimonios del juicio histórico que acogerá el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y que determinará quiénes son los legítimos propietarios de la residencia oficial de veraneo del dictador Francisco Franco. Transcurridos 45 años de la muerte del militar golpista, sus herederos y el Estado se enfrentan en los tribunales por la propiedad de este inmueble, que fue adquirido en plena guerra civil mediante cuestaciones, en muchos casos forzosas, recortes en nóminas de funcionarios y aportaciones públicas y que los herederos del sátrapa han puesto a la venta por 8 millones.

En esta causa están personadas también la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, que se adhieren a la demanda de la Abogacía del Estado. El Gobierno y los Franco han avanzado ya los principales argumentos que pondrán sobre la mesa en un pleito que llega tras décadas de movilizaciones de colectivos por la memoria para exigir la devolución del pazo.

¿Fue un "regalo" o un "expolio"? Las dos partes comparten una premisa: el dinero "no salió del bolsillo" de Francisco Franco. La Abogacía del Estado ha solicitado el testimonio de varios historiadores y vecinos de Sada para probar que el pazo fue adquirido "mediante donaciones no voluntarias, aportaciones públicas y recortes en nóminas de funcionarios". Los abogados de la familia Franco afirman que la aportación de la Administración fue "testimonial", argumentan que no se pueden probar los descuentos forzosos en las nóminas y no entran a valorar las coacciones a particulares. El Estado hace énfasis en su demanda en la aportación pública en el proceso de compra. Incluye pruebas de la entrega de 25.000 pesetas por parte del Ayuntamiento de A Coruña y, ya en la vista preliminar, intentó sin éxito incorporar aportaciones de Cambre, Culleredo y Ribeira, pero la jueza aceptó la petición de la familia Franco de no aceptarlas en ese momento del proceso por "extemporáneas".

Dos escrituras con distintos compradores y precios. Una de las principales pruebas que esgrimirá la Abogacía del Estado para defender la titularidad pública del pazo es una escritura del 15 de agosto de 1938, hallada recientemente, en la que la por entonces propietaria, Manuela Esteban Collantres y Sandoval, vendía a la Junta Pro Pazo el inmueble por 406.346 pesetas. En esa escritura se explicita que el fin de la operación es que "sea donada o regalada al Generalísimo y jefe del Estado". El Gobierno defiende que este documento prueba que la escritura suscrita en 1941 por Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) para comprar el inmueble por 85.000 pesetas es un negocio "simulado" para evitar que el inmueble pasase a ser patrimonio estatal y recalcan que la donación no fue a título particular, sino como jefe del Estado.