| Quizás haya recibido en alguno de sus grupos de WhatsApp una foto de una orden del Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana publicada el pasado 11 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con ellas mensajes de alarma e indignación avisando de que el Gobierno español ha legalizado la "okupación" y ha abierto la puerta a la expropiación forzosa de las viviendas por la epidemia de Covid-19. La redacción imprecisa del texto y su mala interpretación han dado pie a una sarta de mensajes falsos, que a medida que se extienden por las redes sociales van subiendo cada vez más de tono.
La orden ministerial, que se refiere a un programa de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, dice así: "Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".
El Ministerio ha salido a aclarar su contenido y desmentir los bulos en torno a él en Twitter, precisando que "el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias".
