España ya tiene un organismo oficial encargado de detectar con antelación maremotos y olas gigantes (tsunamis) y así actuar con la mayor rapidez posible. El comité se apoya en una red de alertas tempranas internacional y su objetivo es poder alertar cuanto antes a los servicios de emergencia y a la propia población en caso de originarse uno de estos fenómenos naturales.
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha esta semana el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) ante el riesgo de maremotos, que será el órgano encargado de aplicar el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Maremotos aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de mayo.
El plan se apoya en el Sistema Nacional de Alerta por Maremotos (Sinam), un sistema “único y coordinado” capaz de detectar “precozmente” la generación de maremotos (que causan tsunamis) que puedan afectar a las costas españolas y transmitir, en el tiempo más corto posible, la información a los órganos competentes en materia de Protección Civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados.
El Sinam se nutre de la información recopilada por la Red Sísmica Nacional, la red de mareógrafos Redmar de Puertos del Estado y los sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía, así como de los demás sistemas de detección marina de las distintas administraciones públicas.
Este sistema nacional dispone también de las alertas emitidas por los centros regionales de aviso de maremoto establecidos en el marco del Grupo Intergubernamental de Trabajo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC/Unesco), así como por el Sistema de Alerta de Maremotos del Atlántico Noreste, Mediterráneo y Mares Adyacentes (Neamtws), que integra cinco centros proveedores de alertas: Cenalt (Francia), IPMA (Portugal), INGV (Italia), NOA (Grecia) y Koeri (Turquía).
Con la información facilitada por esta red de centros nacionales e internacionales, el Sinam puede determinar la localización y el momento en que se origina un maremoto, y calcular su probable consecuencia, es decir, olas marinas gigantes –tsunami-, que pueden desplazarse miles de kilómetros a velocidades de entre 500 y 1.000 kilómetros por hora con muy poca pérdida de energía.
Según el Protocolo de Avisos previsto en el plan, la información emitida por la Red Sísmica Nacional será remitida al Centro Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que, a su vez, la trasladará a los organismos miembros del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod), delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a los órganos de Protección Civil de las comunidades autónomas.
Este comité integra a la propia Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a los órganos de protección civil de las comunidades autónomas, así como al Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Español de Oceanografía, entre otros organismos.
Durante el acto de presentación, los miembros del Cecod han explicado cuáles serán las principales líneas de trabajo para prevenir maremotos y también han decidido la puesta en marcha de la Comisión Técnica de Consulta, cuya misión será “aportar los últimos avances y conocimientos científicos en la materia”.
Los responsables del órgano han destacado la importancia que tiene implementar el sistema de anticipación y alerta temprana que establece el plan estatal, que permitirá avisar de la inminencia de este tipo de emergencias a las autoridades de protección civil, los servicios públicos de emergencia y a los ciudadanos.
Uno de los principales objetivos que se ha marcado el Cecod es la elaboración de un programa de información preventiva para la población, que deberá prestar especial atención a las personas más vulnerables, así como el establecimiento de un sistema de señalización en las zonas costeras.
El Cecod se reunirá al menos una vez al año para analizar los avances realizados en la implantación del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos, un proceso que “involucra a numerosas instituciones” y que “requerirá de un intenso trabajo con las comunidades autónomas costeras y los ayuntamientos afectados”.
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