Los países que más reservas mantenían, como Italia e Irlanda, decidieron finalmente alinearse con la mayoría de los socios comunitarios, mientras que otros estados como Suecia, Holanda y el Reino Unido decidieron abstenerse, informaron fuentes comunitarias.
Los ministros de Telecomunicaciones de la UE están reunidos en Bruselas para pronunciarse sobre la nueva legislación del sector, cómo gestionar las frecuencias que queden libres al pasar de la televisión analógica a la digital o la posibilidad de incluir la banda ancha en el servicio universal.
El paquete comunitario de reformas de la regulación incluye dos directivas y un reglamento.
La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, valoró el acuerdo alcanzado por el Consejo pero señaló que muchas delegaciones nacionales aún "querían ir más lejos", por lo que vaticinó que las próximas negociaciones a tres bandas entre esta institución, la Comisión y el Parlamento Europeo "van a ser mucho más interesantes".
El secretario de Estado francés de Industria y Consumo, Luc Chatel, indicó que la consigna hoy era llegar a un acuerdo político para "no bloquear el proceso", y que la Eurocámara pueda aprobar el texto en segunda lectura y la nueva legislación pueda ser adoptada antes del fin de la legislatura, en la primavera de 2009.
Entre otros cambios, la presidencia decidió añadir una referencia a los riesgos que deben afrontar las compañías a la hora de invertir, en el punto referente a la promoción de la innovación para fomentar nuevas infraestructuras.
También incluyó una mención a cómo las autoridades nacionales de regulación llevarán a cabo las obligaciones requeridas para que el mercado sea transparente, proporcionado y no discriminatorio.
Por ejemplo, podrán tener en cuenta aspectos como la inversión que los operadores dominantes han realizado en su red cuando éstos fijen el precio de acceso a otra empresa alternativa.
Sobre el grupo europeo de reguladores de telecomunicaciones, sobre el que Italia presentaba reservas porque quería que fuera una agencia comunitaria, finalmente se mantuvo la postura de que sea un organismo independiente que no tenga personalidad jurídica y que se dedique únicamente a asesorar.
Esa posición es contraria a la de la Comisión, que espera que este instrumento esté financiado con fondos comunitarios y que sus empleados no sean contratados por un organismo privado.
Los estados miembros también rechazaron la enmienda 138 que proponía el Parlamento Europeo, referente a que se restrinja el derecho de expresión e información de los consumidores, sin contar con una orden judicial, cuando la seguridad pública se vea amenazada.
La Comisión se mostró además "decepcionada" por el rechazo de los países a que tenga un peso específico a la hora de coordinar el espectro radioeléctrico que quede libre en el paso de la televisión analógica a la digital ("dividendo digital").
Bruselas había pedido una armonización a nivel comunitario en ese sentido.
En cuanto a la llamada "separación funcional", que ha suscitado diversidad de opiniones entre los países, finalmente fue objeto de una posición común.
Se trata de una medida que los reguladores podrían imponer "cuando resulte necesario para allanar obstáculos persistentes a la competencia", y que consistiría en exigir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para mejorar la competencia en el mercado.
