Actualmente, el servicio universal incluye la presencia del operador incumbente en zonas no rentables, la obligación de prestar servicio de telefonía fija a usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales, la instalación de cabinas de teléfono públicas, la elaboración de guías telefónicas y el servicio de información 11818.

Durante su intervención en un seminario organizado por la Fundación Rafael del Pino, Rodríguez recordó que el servicio universal es un concepto básico asociado a la liberalización del sector, que desapareció con la llegada de a competencia en el mercado y que, actualmente, se encuentra en fase de implantación en España. Telefónica ha prestado este servicio desde la liberalización del sector.

A su juicio, el sistema actual cuenta con algunos "defectos" o "aspectos mejorables", como la definición o la prestación del servicio y la fijación de los costes netos. En este sentido, recordó que el concepto de telefonía que se usa a la hora de definir el servicio universal es el de comunicaciones fijas, aunque en el medio rural se usa tecnología móvil "camuflada de fija".

"Es un concepto que hay que modernizar", dijo el responsable de la CMT, para recordar que la telefonía móvil cuenta actualmente con una penetración superior al 110% y mayor cobertura que la fija. "Se pide a gritos modernizar el concepto de telefonía vocal garantizado, que no tenga que llegar con cable", matizó.

En cuanto a la ubicuidad, uno de los principios sobre el que se asienta el concepto clásico de servicio universal, Rodríguez señaló que el "mundo móvil" y la tecnología IP (que se basa en un protocolo de Internet) debería "replantearse" el concepto de servicio garantizado.

A su juicio, el servicio universal "moderno debe abandonar el principio de igualdad, asociado al concepto de servicio público, para ir al de asequibilidad", es decir, con una calidad mínima y un precio asequible para todos los ciudadanos.

A la hora de garantizar el servicio, explicó que el Gobierno es quien fija las prestaciones, define el servicio, fija las calidades y el precio asequible y decide qué operador debe prestarlo, mientras que la labor del regulador es la de fijar el coste y decidir si el operador debe recibir una subvención.

En este sentido, el presidente de la CMT aseguró que en una regulación dual "a veces se sobreregula" en la forma de presta el servicio y se establecen mecanismos "muy rígidos".

"Es algo que hay que abordar, no tanto pensando en la telefonía, sino en que en un futuro de innovación tecnológica de redes de acceso y en un plazo de entre 5 y 20 años será necesario cambiar el paradigma de servicio universal", matizó Rodríguez.