En un comunicado, recuerda que el trazado entre Tarragona y Vilafranca del Penedés, vía Olérdola, es una variante del proyecto de interconexión de redes que propuso Convergencia i Unió (CiU) en 2002, y al que presentaron alegaciones porque, de hecho, esta infraestructura es un trasvase permanente de agua del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, a la que se siguen oponiendo.

También considera que éste es uno de los proyectos incluidos en el Plan Hidrológico Nacional, y que la solución acordada no puede contar con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas, que en su día firmaron el "Compromiso de los partidos políticos por el Ebro", que incluía "pedir la retirada del Proyecto de Conexión de las redes porque suponía el inicio del Trasvase del Ebro y Cataluña no necesitaba más concesiones de agua de otras cuencas".

Recuerdan que, desde esta entidad, se propuso entonces un uso eficiente del agua a nivel municipal y medidas como instalar mecanismos en los grifos, que suponían un ahorro potencial de dos millones de metros cúbicos, y aplicar tarifas de urgencia para en aquellos municipios con urbanismo difundido, con jardines y piscinas, que aumentan en un 30 por ciento el consumo.

Denuncian igualmente que las actuaciones que propone el Gobierno de la Generalitat sólo benefician empresas privadas y del sector de la construcción, y especialmente a AGBAR, que también participaría en la construcción del ramal de ampliación del minitrasvase hasta Olèrdola.