La Secretaría General de Pesca española informó posteriormente que el arrastrero gallego había sido alertado de su entrada en aguas argentinas desde el Centro de Seguimiento Pesquero (CPS) de Madrid. El Ministerio español de Pesca inició un expediente sancionador por lo sucedido, por lo que el pesquero de Marín tendrá que abonar, además de la sanción impuesta en Argentina, una multa que podría llegar hasta los 60.000 euros.
