El caso Sonia Iglesias volvió a estar judicialmente abierto este año cuando la Policía Nacional realizó en el mes de febrero el registro durante doce horas de una vivienda ubicada al lado de la capilla de San Mauro, propiedad de la familia de Julio Araújo, que era su compañero sentimental en el momento de su desaparición y principal sospechoso.
Una actuación policial en la que el principal objetivo era localizar el cadáver de Sonia Iglesias, para lo cual los agentes no escatimaron en medios y protagonizaron un llamativo despliegue en torno a la vivienda y su finca, en un registro que acabó sin frutos, al menos en lo que respecta a la aparición del cadáver.
Sí se pudo ver cómo los policías se llevaban varias bolsas y cajas de la vivienda. Una treintena de agentes entre los efectivos de la Brigada Provincial y la Brigada Central de la Policía Científica, policías de la propia Comisaría de Pontevedra y agentes especializados del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, acordonaron en torno a las nueve y media de la mañana la vivienda y su entorno y desplazaron a la finca un laboratorio móvil de la Unidad de Actividades Especiales que llegó desde Madrid.
Los agentes utilizaron un georradar para peinar la finca de unos 800 metros cuadrados y también prestaron especial atención a un pozo, que vaciaron para comprobar su contenido, en una labor en la que tuvieron que solicitar la ayuda de varias dotaciones de los bomberos de Pontevedra para achicar el agua existente.También se inspeccionó una fosa séptica y se cavó una enorme zanja en la parte trasera de la finca.
La escasez de pruebas encontradas llevó al juez en el mes de junio de este año a volver a archivar este caso.
En agosto, cuando se cumplieron ocho años de su desaparición, hubo una nueva manifestación convocada por la familia y amigos de Sonia que volvió a recorrer el centro de la ciudad.
