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REPORTAJE >> La crisis del sistema público de pensiones

ESTELALas pensiones en Galicia, una bomba de relojería por el envejecimiento y la falta de cotizantes

En 2051 solo la mitad de los gallegos tendrá edad de trabajar y la hucha de las pensiones se agotará antes de 2020. El sistema público se arruga

ESTELALas pensiones en Galicia, una bomba de relojería por el envejecimiento y la falta de cotizantes

Desde que el hombre sabe que nace para morirse ha intentado esquivar la dictadura del tiempo con la esperanza de vivir para siempre. La piedra filosofal, el elixir de la vida o las resurrecciones y reencarnaciones -con permiso de las distintas confesiones religiosas- han servido para alimentar ese anhelo. "Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y murió". Por ahora nadie ha encontrado la famosa piedra ni aspira a permanecer en este mundo tantos años como el abuelo de Noé (el del Arca), pero un español nacido en 1870 habría creído en la alquimia si supiese que es posible vivir más allá de los 100 años. Y, sobre todo, no lo habría concebido como un problema financiero. España había sufrido ya doce defaults (quiebras) con siete monarcas distintos hasta esa fecha.

Pero el incremento de la esperanza de vida, sumado a la precarización del mercado laboral y a la caída de la natalidad, compromete seriamente la viabilidad del sistema público de pensiones. En 2014 Galicia tenía 2.747.207 habitantes, y 68 de cada cien estaba en edad de trabajar (con empleo o sin él). En 2051 más de la mitad de los habitantes de la comunidad, el 50,42% serán inactivos. ¿Quién va a pagar las pensiones de los que acaban de nacer? Porque la crisis del actual modelo público gira en torno a tres ejes: la realidad demográfica, el mercado de trabajo y la estructura financiera de la Seguridad Social. El primero de ellos no es nuevo, sino que, como señala el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo Alberto Vaquero, es conocido desde hace al menos 30 años, pero ningún gobierno ha ejecutado un plan a largo plazo para solventarlo. ¿Mantendrá España el actual sistema basado en las cotizaciones? O, mejor dicho, ¿podrá?

Si tomamos Galicia como ejemplo, la respuesta es no. La comunidad cerró 2014 con 749.941 pensionistas, cuyas nóminas supusieron un gasto de 7.663,6 millones de euros. Esta cantidad equivale al 14% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego. En la OCDE la media del gasto en pensiones es del 7,9% del PIB. Si Galicia fuera un país o tuviera que sufragar las prestaciones contributivas, solo Italia (15,8%) y Grecia (14,4%) nos superarían en cuanto al coste de las pensiones en relación a la riqueza que genera la economía en un año.

Pero vayamos unos años atrás. En 2005 el número de pensionistas en Galicia era de 694.668, y suponían un coste para las arcas públicas de 4.935,5 millones de euros al año: el 10,4% del PIB. Pero desde esa fecha la comunidad ha añadido 55.273 nuevos perceptores de una pensión al sistema, pero ha perdido 85.099 cotizantes. Dicho de otro modo: cada día durante los últimos nueve años la comunidad sumó 17 jubilados o perceptores de una pensión de viudedad u orfandad, a la vez que perdió 26 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. ¿Y quién sufraga las pensiones en España? Solo los que cotizan. A más mayores y menos empleados, el sistema solo es un frágil castillo de arena expuesto al mar.

La realidad demográfica

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, tachó el incremento de la esperanza de vida de "problema financiero". Lo único que justifica esta aseveración es el inmovilismo por parte del legislador, porque hay otras formas de garantizar que podamos cobrar una pensión cuando nos toque la jubilación. Si no se hace nada, el modelo español está condenado al fracaso. En 1870 los hombres en España vivían una media de 29,1 años, por los 29,9 de las mujeres. A excepción del periodo de la Guerra Civil, la esperanza de vida ha crecido de forma constante. Se prevé que los españoles vivan 85,25 años en 2026, el doble que en los años veinte, y que cada década la esperanza de vida aumente en 1,3 años.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), a cierre de 2014 España tenía 45.995.460 habitantes, 9.664 de los cuales tenían cien o más años. Para el año 2052 se calcula que el país tenga 41.558.096 habitantes (4,4 millones menos, un 9,5% de caída). Eso sí, los ciudadanos centenarios -sobre todo mujeres- ascenderán a 75.494, un 681% más que en la actualidad. Si la jubilación se mantiene en los 65 o 67 años, ¿puede el sistema público español sufragar que cada pensionista esté más de tres décadas cobrando una prestación pública? No es realista responder con un "sí" sin peros a día de hoy, y así lo manifiestan los expertos y organismos como la propia OCDE.

Sin abandonar la cuestión demográfica, y según los datos de este organismo internacional, en las principales economías del mundo los jóvenes se incorporan al mercado laboral a los 22,7 años de media, un dato que España mejora (22,6 años). El problema es que el 51,7% de los jóvenes está en paro, y es justo la población que debe sustentar con sus cotizaciones las pensiones del futuro. Ningún país desarrollado, según el Eurostat, carga con una tasa de desempleo juvenil tan elevada como la de España. Es más, el 20% de la población entre 16 y 29 años son ninis (ni estudian ni trabajan, o NEETs en su versión inglesa, not in employment, education or training). En este punto merece la pena hacer una comparación con la situación japonesa, único país con una esperanza de vida mayor que la nuestra (83,5 años).

En España el 18,3% de la población es mayor de 65 años, mientras que en Japón es mucho más elevada, del 26,4%. Tiene apenas el 6,2% de paro juvenil, y su gasto público en pensiones es del 10,2% del PIB. ¿Cómo lo hacen con una población tan envejecida? Con un sistema mixto de aportación pública y privada al sistema. Mientras que la Seguridad Social en España garantiza a los pensionistas el 82,1% del último salario percibido -antes de su jubilación-, el sistema público japonés solo garantiza el 35,1%. El resto corresponde a aportaciones voluntarias (o no obligatorias, mejor dicho) de cada trabajador. Eso sí, cada empleado gana una media de 38.384 euros al año; en España los ingresos no llegan a los 30.000 euros. Y este dato es de la OCDE, porque la Agencia Tributaria cifra el salario medio en 18.420 euros, según la estadística relativa a 2014. ¿Y Galicia? 17.729 euros anuales, 41 euros menos que en 2013.

Otros modelos

De todas formas el envejecimiento de la población no es un caso único en España o Japón, y países como Italia o Francia destinan más recursos públicos -en relación a su PIB- al pago de las pensiones. El caso diferencial español es que nuestro sistema es el que garantiza una mayor pensión en relación al último salario (es lo que se conoce como tasa de reemplazo), y que esa nómina solo se carga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Holanda el modelo financiero es distinto. Sus jubilados perciben cada mes un 90,5% de su último salario. Ahora bien, los ingresos medios anuales en los Países Bajos son de 48.856 euros. En su caso tienen un sistema especial de reparto, ya que el Estado aporta el 27,1% de lo que fue el último sueldo, mientras que otro 63,4% sale de un fondo privado que es obligatorio capitalizar a lo largo de la vida laboral. Por esta razón Holanda solo gasta un 5,5% de su PIB en el sistema público de pensiones, por el 10,5% de España. Según como se mire, el modelo español es el más generoso, el más caro o el más insostenible.

A efectos prácticos, la realidad sería la siguiente. Un trabajador holandés cobra al mes 4.071 euros -imaginemos que en doce pagas, sin extras-, y en el momento de su jubilación pasará a percibir unos 3.680 euros mensuales gracias al sistema mixto de capitalización privada y aportación pública. En España, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo actual, la pensión sería de 1.260 euros para un asalariado medio. Todo este dinero sale de las arcas públicas y, en caso de que un trabajador solo ingrese una pensión pública, nunca podrá ser superior a los 2.567 euros mensuales.

En Estados Unidos, donde el 30% de la población entre 65 y 69 años continúa trabajando para poder sobrevivir -según datos de Eurofund-, los jubilados perciben el 32,5% de su sueldo a través del sistema público, y sus pensiones alcanzan el 70,3% de su salario con aportaciones voluntarias a planes de pensiones, ya sea individuales o de empresa. El sueldo medio anual para un norteamericano es de 46.000 euros -al cambio actual de divisa-, y el Gobierno destina al sistema público de pensiones un 6,7% del PIB, casi cuatro puntos menos que España y 1,2 puntos menos que la media de los 34 Estados que conforman la OCDE. Países como Australia, Chile, Dinamarca, Islandia, México, Noruega, Suecia, Suiza o Rusia obligan a sus cotizantes o a las empresas a capitalizar un fondo privado para la jubilación. Y no todos ellos tienen un PIB per capita superior al español y tienen también una población envejecida. La sostenibilidad y suficiencia se logra con un modelo distinto, algo que desde España nunca se ha explorado.

Como hemos visto, el único sustento del sistema público de pensiones español son los ingresos por cotizaciones, tanto las que se detraen de la nómina a los trabajadores como a las empresas (o el pago de la cuota de autónomos, en caso de los empleados por cuenta propia). Durante el periodo de gloria económica este sistema funcionó bien. En 2007 España alcanzó el máximo histórico de afiliados, con 19.195.700, lo que permitió a las arcas del Estado ingresar más de 103.470 millones de euros. Ese mismo año el gasto en pensiones fue de 79.279 millones de euros. ¿Qué permitió esto? Apartar nada menos que 24.191 millones de euros para la hucha de las pensiones, que pasó a tener 45.716 millones. El Fondo de Reserva llegó a alcanzar los 66.815 millones de euros en 2011, solo porque la recaudación por IRPF era superior al gasto anual en pensiones. Todo cambió desde entonces.

La insuficiencia financiera

Entre diciembre de ese año y el de 2012 España destruyó 787.241 puestos de trabajo y los ingresos por cotizaciones cayeron en 4.568 millones de euros. No obstante, el gasto en pensiones creció en el mismo periodo en 3.983 millones. Esto es, la Seguridad Social recaudó 100.743 millones de euros, pero tuvo que abonar a los jubilados 103.208. Por primera vez desde que se creó el Fondo de Reserva (1995) el Gobierno -ya con Mariano Rajoy al frente- retiró 7.003 millones de la hucha para hacer frente a la "insuficiencia de liquidez en momentos puntuales". En 2013 retiró 11.648 millones, 15.300 en 2014 y 11.500 en 2015. En los últimos cuatro años esta especie de cartilla de ahorro adelgazó en 32.594 millones de euros, y ya tiene menos de la mitad de fondos que en 2011. Para el próximo ejercicio, y a falta de un eventual cambio de caras en Moncloa, se prevé que la hucha pierda otros 6.283,3 millones de euros. A este paso, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social será un terreno yermo antes de 2020.

Con esta situación de fondo, sumado a la realidad demográfica y a la precarización del mercado laboral, es financieramente imposible que la tasa de reemplazo se mantenga en el actual nivel del 82,1% y, según los expertos, se aproximará a los niveles de la OCDE (52,7%). ¿Se imaginan tener una pensión de solo la mitad del último sueldo mileurista? Es lo que pasará si no se articula una reforma de calado que refuerce los ingresos del sistema y haga sostenible el modelo público. Porque con salarios a la baja -en Galicia el sueldo medio pasó de 18.271 a 17.729 euros en solo tres años, hasta 2014-, esperanza de vida al alza y sin reemplazo poblacional, pensar en cobrar una pensión como la que ingresan a día de hoy nuestros mayores es nada menos que una utopía.

"Es para llorar que la vida es tan corta. Es para llorar que la vida es tan larga"

Vicente Huidobro

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