Daniel Sancho espera en prisión la nulidad del juicio por asesinar a Edwin Arrieta tres años después del crimen

El día en que lo iban a matar, Edwin Arrieta arribó al muelle de Koh Panghan para esperar a la moto que, conducida por Daniel Sancho, le llevaría a un bungalow en el norte de la isla. Por la noche ya estaría muerto y, a la mañana siguiente, los pedazos de su cadáver desperdigados por el mar y el vertedero. Se cumplen hoy tres años de un asesinato que durante aquel verano desvió la atención mediática hacia esa isla del golfo de Tailandia con prístinas aguas y níveas playas, aroma de marihuana y armonía entre rusos y ucranianos que huyen de la guerra. Sancho fue condenado a cadena perpetua y su recurso de apelación, presentado 16 meses atrás, languidece en la procelosa justicia tailandesa.

El caso parecía cristalino. El febril acopio de arsenal punzante y cortante de Sancho en las horas previas y sus confesiones en las semanas posteriores a todo el que quisiera escucharle (policía, fiscalía, tribunal, prensa…) deslizaban hacia un camino trillado en Tailandia: admisión de culpa y arrepentimiento para una condena misericordiosa. Con la entrada en escena del abogado Marcos García-Montes llegó el viraje. “Hay partido”, decía frente a los abogados tailandeses dimitidos o despedidos que tildaban la estrategia de suicida. Una cincuentena de testigos desfilaron durante las cuatro semanas de un juicio que centró el foco en lo ocurrido durante aquellas horas en el bungalow.

Una relación tormentosa

Sancho, esforzado youtuber y presunto chef, había conocido un año antes en Instagram a Arrieta, cirujano colombiano. Mantenían una relación de contornos difusos con la certeza de que el primero pagaba las facturas. Sostuvo el acusado que Arrieta nunca aceptó la ruptura y que le amenazó con revelar fotos íntimas y consecuencias fatales para él y su familia. En aquella tarde, según su versión, repelió una agresión sexual con un empujón y el colombiano se desnucó contra el lavamanos. La defensa se esforzó en la titánica misión de invalidar aquellas confesiones y de convencer al tribunal de que Sancho compró los cuchillos y sierra con fines culinarios. Para lo primero denunció las tropelías policiales: le fue denegada su llamada telefónica y un abogado de oficio y se le prometió un raudo traslado a España si colaboraba acercándole un documento de deportación falsificado.

Sobre lo segundo, aseguró que con la sierra pretendía seccionar cocos para convertirlos en cuencos y aclaró que disponía en el supermercado de herramientas más afiladas si quería trocear un cuerpo. El tribunal de la vecina isla de Koh Samui ignoró los argumentos, consideró probada la premeditación y condenó a Sancho a cadena perpetua. Un día después fue trasladado desde la esponjada prisión de esa isla a la provincial de Surat Thani. Actualmente, goza de buena salud, practica el muay thai y es optimista con el recurso, desvelan fuentes cercanas a El Periódico.

Indefensión

El recurso son 480 páginas con varias reclamaciones. La primera es la nulidad del juicio por indefensión. Ante la previsible desestimación plantean nuevas pruebas testificales. La principal nace en la intervención de un coronel en el documental de la cadena HBO sobre el caso. Ahí desvela que Sancho, poco después de la muerte de Arrieta, le dijo que había sido un accidente. Esa versión es contraria a la transcripción de su declaración posterior, arrancada según sus abogados mediante añagazas, en la que confiesa la premeditación. “La ley tailandesa fija como obligatorio que todas las declaraciones deben de ser grabadas en video”, recuerda por teléfono Ramón Chipirrás, del equipo de García Montes. “Desconocemos cuándo saldrá la resolución. Nos repiten una y otra vez que es inminente”, añade.

Contra esta decisión cabe aún otro recurso ante el Tribunal Supremo. El camino procesal suele ser más abreviado. A Artur Segarra, precursor español de Sancho en el asesinato y descuartizamiento en el País de las Sonrisas, le tumbaron ambos recursos en menos de dos años. Es rarísimo en la casuística tailandesa, en cualquier caso, que las instancias superiores modifiquen cuestiones nucleares de la sentencia original. “Esperaremos la sentencia y después valoraremos si acudimos al Tribunal Supremo”, afirma Chipirrás.

De esa decisión depende que Sancho regrese antes o después a España. Carecen Madrid y Bangkok de tratado de extradición pero sí de un acuerdo de traslado de presos gestionado por los ministerios de Exteriores. Ocurre que el proceso sólo puede activarse con sentencia firme y tendría que esperar Sancho a la resolución del Supremo si presenta el recurso. Un experto en asuntos judiciales tailandeses recuerda los requisitos: que el reo reconozca su delito en la extensión marcada por la sentencia, que pida perdón e indemnice a la familia de la víctima.

La compensación fijada en algo más de 100.000 euros ha sido recurrida por ambas partes. Calcula el experto en función de casos similares que el traslado de Sancho podría formalizarse en unos diez años desde la sentencia de primera instancia. Pero esos casos, alerta, eran de perfil bajo. “No está recogido en la ley pero se cumple siempre: Tailandia quiere traslados tranquilos, cualquier presión mediática alarga el procedimiento”.

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