Condenado por estafar 123.000 euros con inversiones en bitcoins a una anciana de 90 años

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre por estafar 123.000 euros a una anciana de 91 años, residente en Calvià (Mallorca), con inversiones en bitcoins. El acusado, residente en Canarias, acabó haciéndose con las claves de acceso a sus cuentas corrientes y las saqueó. El rastro del dinero se perdió en la compra de criptomonedas en el extranjero y no pudo recuperarse. La sentencia considera que tras el fraude podría haber una organización criminal de la que el encausado fuera solo un eslabón y le declara cooperador necesario de un delito de continuado de estafa informática. Deberá devolver a la víctima todo lo que perdió. El fallo puede ser recurrido.

La anciana entró en el mundo de las criptomonedas a través de un anuncio que vio en internet en marzo de 2020. Empezó invirtiendo 250 euros y en cuestión de semanas acabó desembolsando unos 8.000 euros. La mujer recibió entonces una llamada en la que le explicaron que había logrado un enorme beneficio y que tenía disponibles 100.000 euros. Le pidieron más dinero para poder desbloquear la transacción y recibir las ganancias, pero no accedió. Sí cayó en la trampa cuando le solicitaron las claves de acceso a sus cuentas bancarias para enviarle los beneficios. Pero en lugar de llenárselas, se las vaciaron.

Las credenciales acabaron en manos del acusado, un profesor de instituto residente en Canarias. Fue él quien entre noviembre de 2020 y enero de 2019 ordenó siete transferencias de las cuentas de la mujer y su marido a otras que él había abierto. En total, se adueñó de 123.000 euros de la víctima que transfirió a una cuenta en el extranjero para la compra de criptomonedas. La anciana acabó presentando una denuncia y la Guardia Civil logró identificar al acusado como la persona que había accedido a sus cuentas para realizar las transferencias.

La sentencia considera que las evidencias recabadas confirman que las cuentas del acusado se utilizaban «exclusivamente para la compra masiva de monedas virtuales con dinero de curso legal que había sido obtenido ilícitamente». Las magistradas destacan que estas operaciones precisaban de una autorización que solo podía llevarse a cabo desde el teléfono móvil del acusado, que en el juicio se presentó como víctima de una red criminal que dirigía las operaciones por control remoto.

Cooperador necesario

Ante esta alegación, la sala considera que la actuación del acusado al permitir que el dinero de la anciana pasara por sus cuentas «no es irrelevante, ya que reforzó la maquinación fraudulenta». «Estamos ante un caso de delincuencia económica de tipo informático donde el acusado ocupa un nivel inferior y solo tiene un conocimiento necesario para prestar su colaboración», señala la sentencia, que concluye que «la ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye su culpabilidad».

Con estos argumentos, la sentencia se inclina por declarar al acusado cooperador necesario del delito de estafa informática agravada y no autor, pero señala que su participación en el fraude fue «directa, material y voluntaria al haber coadyuvado a la comisión de los hechos». La sala opta por imponerle tres años y medio de prisión frente a los seis que reclamaba la Fiscalía y le ordena indemnizar a la anciana con 122.958 euros. 

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