Un joven senegalés, de 29 años, ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por cinco delitos de violencia de género y uno de violencia doméstica, cometidos contra la que fuera su pareja, de 61, -32 más que él-. 

Los hechos sucedieron el pasado año, entre Castellón y Vila-real. Según declara probado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Castelló -ahora confirmada por la Audiencia Provincial-, el condenado, que había entrado de manera irregular en España y llevaba cinco años trabajando en Cataluña, inició una relación con la víctima. La pareja tenía planes de futuro, como vivir juntos y comprar una casa en Senegal, llegando ella a costearle al joven los viajes de Lleida a Castellón para pasar juntos algún fin de semana.

Le exigía préstamos bancarios

Al inicio, la convivencia era buena, según la sentencia. Sin embargo, el hombre se mostró cada vez más controlador, exigiéndole que consiguiera un préstamo bancario para comprar un inmueble, discutiendo por este motivo cuando ella se negaba. En varias ocasiones, a la salida de una entidad y tras no conseguir ella el dinero, él le propinó bofetadas. Esta situación creó en ella baja autoestima, vulnerabilidad, rumiaciones y falta de confianza en sí misma.

En otro episodio de violencia, cogió a la mujer, la tiró sobre la cama y le puso las rodillas en la espalda para que no se moviera, se quitó el cinturón y la golpeó por todo el cuerpo, dejándole marcas.

Otro día, cuando ambos se desplazaban en coche, discutieron y el condenado le propinó un golpe en la cara a la mujer que le hizo tener un accidente de tráfico, golpeando la mujer a otro turismo en circulación y uno, estacionado.

El punto de inflexión

Finalmente, estando la pareja en casa, con la hija de la víctima también presente, hubo otra discusión. El varón golpeó a la mujer con los nudillos en la cara, siendo vista esta agresión por la hija, quien se interpuso, recibiendo también del sentenciado una patada y un golpe en la cara. Ante esta situación, la hija de la maltratada salió del domicilio y avisó a la Guardia Civil, que se presentó en el inmueble y detuvo al joven.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal le impone una indemnización de 2.000 euros para su expareja y otros 350 para la hija de esta. Como también recoge la sentencia, el beneficio de la suspensión ha sido rechazado al exceder la pena los dos años de cárcel y no haber abonado el hombre la indemnización.

Aunque el acusado lo negó todo en el juicio, el tribunal concluye que esa manifestación no se ajusta a la realidad por las declaraciones de madre e hija, así como de los agentes que intervinieron en el último episodio.