Condenados como cómplices de narcos: Dos guardias civiles de Castellón a prisión por el macroalijo de hachís

Condenados por un delito contra la salud pública y otro de integración de grupo criminal a la pena de dos años y 11 meses de cárcel y 30 días en beneficio de la comunidad. Los dos guardias civiles de Burriana, en Castellón, miembros de la patrulla fiscal y de fronteras, que se compincharon con terceros para hacer una macrodescarga de hachís en el puerto de Burriana en el 2015 ingresarán en la cárcel. 

Así lo ha decidido el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que a principios de mes acogió el juicio contra la banda delincuencial, y este miércoles dictó una sentencia condenatoria a la que ha tenido acceso Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica.

"La operación de narcotráfico no era posible sin contar con el apoyo de los agentes"

Así, según consideran probado los magistrados, aunque los guardias civiles acusados de tráfico de drogas negaron su participación en los hechos en su declaración, "la operación de narcotráfico no era posible sin contar con el apoyo de los agentes, que eran conocedores de los avatares de la zona del puerto por medio de las comunicaciones de la radiopatrulla, lo que les permitía dotar de seguridad al transporte de la droga".

Según la sentencia, cuatro de los acusados idearon un plan, cuyo objetivo era la adquisición de una importante partida de hachís, que pretendían introducir por vía marítima a través del puerto de Burriana. Para ello contaban con la ayuda de los dos guardias civiles procesados quienes prevaliéndose del acceso que tenían a distintas zonas por su condición de agentes con funciones de vigilancia, debían garantizar el correcto desembarco de los fardos para su posterior distribución.

Sobre la medianoche del día 18 de junio del 2015, y para garantizar que la entrada de la embarcación Tere Mari, que llevaba la droga, se produjera sin injerencias de terceros, se dirigieron a la zona del puerto para ver lo que acontecía. No obstante, el desembarco no se pudo llevar a cabo conforme al plan preestablecido debido a que otro patrón perseguía al Tere Mari, creyendo que le hacía robado pulpos y pretendiendo comprobar cuál era su carga.

La sentencia establece que se produjeron "numerosos contactos telefónicos" entre los distintos miembros del entramado delictivo para comunicar la incidencia surgida, "efectuando los dos guardias civiles numerosas maniobras tendentes a dificultar la localización exacta de la embarcación con el cargamento de hachís por parte de otras patrullas".

Finalmente, quienes pilotaban la nave la dejaron atracada sin desembarcar los fardos.

Los 70 bultos de hachís fueron encontrados por la Benemérita a las 2.40 horas y la droga arrojó un peso de 2.020 kilo, teniendo la sustancia un valor en el mercado de 3,3 millones de euros.

Además de los dos guardias, han sido condenados a penas de entre un año y medio y dos de cárcel otros seis cómplices.

Ellos lo negaron

Los dos agentes negaron las acusaciones en el juicio, pero el tribunal vio «contradictorias» sus declaraciones y no concibe posible una situación de ignorancia de los efectivos policiales en una operación de envío de droga por valor de 3,3 millones de euros. Asimismo, los magistrados han valorado la abultada prueba testifical y pericial contra ellos, dando «especial relevancia al detallado testimonio» prestado por el exjefe del EDOA --equipo antidroga--, a quien las defensas intentaron desacreditar.

La sentencia de la Audiencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la sala Segunda del Tribunal Supremo.

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