Ni en calidad de testigo por existir en la causa “indicios bastantes contra él” ni como investigado por “no ser suficientes”, pero en base a esta contradicción –excusada tanto por el Juzgado de Instrucción 2 de Tui como por la Fiscalía de Pontevedra– el principal sospechoso del crimen Déborah Fernández-Cervera sigue sin ser citado a declarar en sede judicial. Restan menos de cinco meses para que la desaparición y muerte de la joven viguesa quede reducida a uno de los muchos legajos de la Comisaría, no así en el pensamiento de su familia, que seguirá luchando estos 142 días –y los que hagan falta– para saber la verdad.
"Ninguneados"
Pero no a cualquier precio, no si se continúa por este mismo recorrido judicial al que no dudan calificar como “paripé”. “Si solo van a llamar a declarar a alguien en función del ADN, que no esperen porque será imposible. Nuestros informes criminalísticos y forenses han sido ninguneados, se han permitido declaraciones falsas en el juzgado, varios testigos se comunicaron por Whatsapp sobre lo que se les preguntaba en las declaraciones, se nos denegó el volcado de estos teléfonos, el jefe de Homicidios de aquel entonces dice no recordar nada... ”, relataba, ya molesto, uno de los letrados, Ramón Amoedo.
O citación o archivo
Por todo ello, han lanzado un último órdago al juzgado en modo de escrito (y ya van más de cien): o se cita a declarar al exnovio de la joven, o que se solicite el archivo. “Si lo que quiere el Juzgado de Tui y la Fiscalía es cerrar el caso por prescripción, que lo hagan ya. No queremos una segunda muerte de Déborah”, clama Amoedo. Una detención o un investigado en la causa pararía todos los plazos procesales.
El exnovio, "implicado"
Y es que hasta en tres atestados diferentes (en los años 2006, 2010 y 2019), la Policía Nacional llegó a la “plena convicción” de que la expareja de Déborah y siempre señalado por los agentes como principal sospechoso, “está implicado en la desaparición y muerte” de la joven, que fue hallada muerta en una cuneta de O Rosal diez días después de salir a correr por Samil, en abril de 2002.
Inspecciones en sus bienes
“Nosotros no lo señalamos, no tenemos nada contra esta persona, es la Policía quien le ha puesto nombre y apellidos. Si no fuese sospechoso porqué se le inspeccionó hasta en dos ocasiones su coche, porqué se revisó recientemente una ropa de cama que fue suya, porqué se investigó un arcón congelador de su propiedad... Si la policía señala a alguien, que lo citen a declarar para que también él pueda presentar los argumentos que quiera”, insiste el letrado.
La barrera de la Fiscalía
Consumida la ya paciencia que como acusación particular han tenido durante estos dos años de reapertura judicial, lamentan la barrera con la que se han encontrado en su búsqueda de la verdad. “En este tiempo se han citado a 28 personas, veinte de ellas son del círculo familiar o de amistad del sospechoso. Todos excepto dos han sido propuestos a instancias de la familia. Nos hemos encontrado con la oposición de la Fiscalía de Pontevedra, han quedado muchas pruebas sin practicar”, afirma Amoedo.
Una furgoneta investigada
La que sí se llevará a cabo ahora en diciembre es la declaración de una persona que afirmó haber visto, en el momento de la desaparición, una furgoneta de la que asomaban unos pies, circunstancia que ni siquiera fue investigada. De revelarse la importancia de este hilo se podrían haber reducido muchos años la angustia de una familia rota. “A mi hermana nadie me la devuelve, eso lo sé, pero conocer la verdad es muy importante”, defiende su hermana Rosa Fernández-Cervera.
Las últimas balas en las que familia y letrados tenían depositadas sus esperanzas eran, por una parte, los resultados del ADN extraídos bajo las uñas de Déborah tras la exhumación del cadáver –que “no están todavía sobre la mesa”– y el volcado de los datos de su ordenador, ya que el móvil “se perdió en comisaría”. “La empresa especializada que ha examinado el disco duro confirma que se ha alterado con el fin de borrar su contenido. Está manipulado”, concluye.
