Hasta en tres atestados diferentes (2006, 2010 y 2019), la Policía llegó a la "plena convicción" de que la expareja de Déborah Fernández-Cervera, y siempre señalado por los agentes como principal sospechoso, "está implicado en la desaparición y muerte" de la joven que apareció muerta en una cuneta de O Rosal hace hace más de diecinueve años.
Pese a esta conclusión, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui nunca ha citado a declarar, ni como testigo ni como investigado, al igual que el fiscal de la Fiscalía de Pontevedra, que tampoco lo ha solicitado en los dos años que lleva el caso reabierto.
Esta circunstancia ha llevado a la familia de la joven viguesa y a su equipo legal a presentar este pasado 26 de noviembre un último escrito al órgano: o citan en calidad de investigado al exnovio o lo más lógico sería archivar la causa. "No se puede seguir con este paripé", explicó uno de los letrados que asisten a la familia desde la reapertura de la causa tras más de 10 años cerrada provisionalmente.
Esté órdago se trata de la última oportunidad que se dan como acusación particular para descubrir la verdad de lo sucedido con Déborah el 30 de abril de 2002, cuando salió a correr por Samil y se le perdió la pista. En estos veinticuatro meses, el equipo legal de la Familia de la joven solicitó hasta 28 testificales y otras tantas pruebas periciales encaminadas hacia un mismo punto, "el círculo familiar del principal sospechoso", sin embargo no han sido suficientes para motivar esta declaración.
"Nos hemos topado con la oposición de la Fiscalía, han quedado muchas pruebas sin practicar, pedimos más de 100 escritos para determinar la verdad de lo ocurrido porque solo queremos eso, saber la verdad", afirmaron en una rueda de prensa donde también pusieron de manifiesto que el disco duro del ordenador de la joven fue "manipulado".
