Una enfermera del Hospital Francesc de Borja de Gandia se enfrenta a cuatro años de prisión, según la petición de pena del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, por un delito de revelación de secretos al haber accedido al expediente clínico de su exmarido, valiéndose de sus claves profesionales, para incorporar el historial como prueba documental en su demanda de divorcio por una cuestión relacionada con la guardia y custodia de la hija en común del matrimonio.

Según se ha pronunciado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que desestima el recurso interpuesto por la acusada que pretendía paralizar el proceso penal contra ella, la procesada obtuvo dicha información "sin que hubiera ninguna relación de cuidado con el perjudicado, vulnerando el deber de confidencialidad que le incumbe" por su profesión como enfermera.

Los hechos se remontan al verano de 2018 cuando la acusada, que en ese momento trabajaba como enfermera en el Hospital Francesc de Borja de Gandia, accedió sin autorización al expediente clínico de su exmarido, con el que estaba en trámites de divorcio, utilizando sus claves profesionales sin que mediara relación asistencial entre ellos. El escrito de acusación aclara que la acusada era conocedora del carácter reservado y secreto de las historias clínicas y de las limitaciones de acceso establecidas.

Concretamente, con fecha del 25 de julio de 2018 a las 03.43 horas consta una entrada de dicha enfermera en la base de datos informatizada para consultar datos reservados, especialmente sensibles como son los referentes a la salud, de sus expareja. Así, imprimió la evolución de consultas externas de éste y le entregó la documentación a su abogado. El letrado, que no consta suficientemente acreditado que tuviese conocimiento de la ilícita procedencia de la documentación, lo aportó como prueba en la demanda de divorcio con el fin de tratar de acreditar que los problemas de salud de éste afectaban al cuidado de la hija de cuatro años de la pareja.

Al tratarse de una enfermera, circunstancia que la equipara a la condición de funcionario, se le solicita una pena agravada por revelación de secretos de cuatro años de cárcel, una multa de 6.000 euros y el pago de la misma cantidad como responsabilidad civil.