El Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados ha decretado la apertura de juicio oral y ha dado por formulada la acusación por delitos de abusos sexuales contra el sacerdote que ejercía como profesor de religión en el Colegio Salesianos de Vigo, así como contra el centro, como responsable civil subsidiario.

La magistrada entiende que existen indicios de que el sospechoso, Segundo C., de 41 años, cometió doce delitos de abusos sexuales, uno de ellos continuado, sobre seis menores de dieciséis años.

La Fiscalía solicita para el sospechoso 67 años y medio de cárcel, mientras que la acusación particular ejercida por la Fundación Amigos de Galicia reclama 30 años de prisión. Por su parte, los familiares de tres menores afectados, que ejercen una acusación particular, demandan una condena de 54 años de prisión en relación a los hechos sucedidos respecto a esas tres víctimas. En el caso hay otras dos acusaciones particulares ejercidas por las familias de dos menores. Cada una de ellas pide cinco años de prisión por los abusos presuntamente cometidos en relación a sus representados.

Además, la jueza, requiere al acusado y, en su caso, al colegio, que preste 160.000 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

"Finalidad de satisfacer su apetito sexual"

El sospechoso presuntamente cometió los hechos entre el 15 y el 23 de julio de 2019, durante unas convivencias que él mismo dirigía y que estaban organizadas por el colegio, a través de la asociación Abertal, en las instalaciones de los Salesianos situadas en Cambados. La jueza subraya en el auto, que dio por concluida la instrucción el pasado mes de enero, que “existen indicios” de que el encausado, “obrando con la finalidad de satisfacer su apetito sexual y de vulnerar la libertad e indemnidad sexuales de personas menores de dieciséis años que tenía a su cargo”, llevó a cabo “actos libidinosos consistentes en tocamientos en el pene y genitales” de los menores. La instructora destaca que se prevalió “de una situación de superioridad jerárquica, derivada del hecho de ser sacerdote del colegio de los menores, profesor en el mismo y director del campamento juvenil”.

El cura, según este auto, también abusó de dos menores durante una peregrinación a Santiago de Compostela organizada por el colegio Salesianos de Vigo en abril de 2019. A uno de ellos supuestamente volvió a realizarle tocamientos en el campamento de Cambados. En junio de 2019, según relata la instructora, el sacerdote presuntamente abusó de un menor que acudió a la asociación juvenil Abertal, dependiente del colegio Salesianos, a ver la final de la Champions League.

En la resolución de apertura de juicio de este 19 de febrero, contra la que no cabe presentar recurso, la instructora indica que, una vez abierto el juicio oral, se emplazará al encausado para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con abogado y procurador. Cumplido ese trámite, se dará traslado de las actuaciones al sacerdote y al colegio Salesianos de los escritos de acusación para que, en plazo de diez días, presenten escrito de defensa. El órgano encargado de enjuiciar los hechos será la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Casi un año en prisión provisional

Los padres de los afectados presentaron la denuncia contra el cura en la comisaría de Vigo en julio de 2019 una vez que uno de los menores regresó a casa del campamento y relató lo ocurrido. Tras unas seis horas de declaraciones por parte de cuatro víctimas, de testigos y del propio acusado -último en declarar-, la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Cambados, en funciones de guardia, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.

En abril del año pasado la Audiencia Provincial acordó poner en libertad al sacerdote. El auto de libertad, con fecha de 30 de abril, desestimó la decisión del juzgado que dirige la causa, Instrucción 4 de Cambados que había ratificado la medida de privación de libertad.

La sala provincial entendió que ya no existía riesgo de fuga por parte del acusado ni de destrucción de pruebas, ya que la instrucción está casi finalizada y la totalidad de la prueba practicada. De igual modo, le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de los menores de 500 metros. Este hecho, y para certificar su cumplimiento, el acusado decidió trasladarse fuera de la ciudad viguesa.