La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros a uno de los dos imputados por venta de más de 140 píldoras para facilitar el aborto ilegal a mujeres en situación de vulnerabilidad, con un medicamento que trata las úlceras de duodeno y que está prohibido recetar a embarazadas porque provoca el parto y la muerte del feto por asfixia.

Esta medicina, por el componente que la convierte en abortiva, se usa con frecuencia para interrumpir los embarazos, manifestó la fiscal al término del juicio celebrado ayer en la Audiencia, en el que alcanzó un acuerdo con el abogado del cabecilla de la trama, de iniciales F.V.C., al que redujo la pena de cárcel en un año. Es posible que no ingrese en prisión tras haber estado 6 meses en preventiva, tiempo que se descontará de los 3 años de condena.

El otro procesado, J.R.P.A., no pudo ser juzgado porque su abogada se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con una persona positiva en COVID. Los dos individuos anunciaron por Internet la venta de estas píldoras entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, pastillas que hacían llegar mediante mensajería o personalmente a las clientas, la mayoría residentes en países donde está prohibido abortar con pena de cárcel.

Sin embargo, una de ellas vivía en Zamora y su testimonio fue clave para descubrir este entramado, tras acudir al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Concha a causa del malestar que sufrió una vez se administró la píldora, que puede tomarse por vía oral o usarla por vía vaginal. Los imputados daban a las compradoras las indicaciones oportunas para su uso a través de mensajes de WhatsApp.

Tras esa consulta en el hospital zamorano, la actividad ilegal de los dos encausados quedó al descubierto y se supo que habían heredado el negocio ilegal de un hombre de nacionalidad colombiana, quien había abandonado ya España. El informe de los médicos de urgencias fue elevado a la Fiscalía Provincial, que emprendió una investigación de oficio.

Las pesquisas llevaron a la Policía hasta Madrid y Barcelona, donde residían los acusados, en cuyos domicilios se encontraron justificantes de envíos de las pastillas de una empresa de mensajería con datos de los destinatarios, así como envoltorios del medicamento, blísters con y sin píldoras, y tickets de compra sin receta en una farmacia de Torrelavega. Los agentes hallaron libretas con anotaciones manuscritas, en las que se detallaba el precio, comisión de venta; y documentación bancaria. Los dos imputados admitieron durante la investigación que los números de teléfono facilitados en el anuncio de Internet y con los que contactaban sus clientas eran suyos, los mismos que anotaban en los blíster de las pastillas. El acusado que compareció en la Audiencia pidió disculpas por el comportamiento delictivo que la Fiscalía reprochó forma más contundente al estimar que existe un aprovechamiento de la situación de las mujeres que entraban en contacto con ellos por ser de países que castigan el aborto con la cárcel.

Las víctimas pagaban cuatro veces más el precio de la pastilla

Las mujeres pagaban por cada pastilla comprada ilegalmente para abortar cuatro veces más de lo que valían, al entregar 15 euros por unidad cuando el coste real es de 3,81 euros, de acuerdo con el precio estipulado por el mercado farmacéutico, que deja el blíster de 40 unidades en 10,49 euros. La actividad delictiva, no obstante, solo llegó a reportar a los dos acusados cerca de 600 euros, al ser denunciados rápidamente tras el ingreso de una mujer en urgencias del Hospital Virgen de la Concha.

Este medicamento, que se receta para úlceras de duodeno y que se prohíbe en caso de embarazo, provoca las contracciones de la musculatura del útero, con dolores abdominales, causa contracciones para provocar el parto en cualquier momento de la gestación, lo que lleva a la muerte al feto por asfixia. Es más eficaz si se usa por vía vaginal, aunque puede tomarse también por vía oral. La Fiscalía Provincial dijo ayer desconocer realmente el número de mujeres que pudieron haber practicado abortos mediante este sistema. Se desconoce cuánto tiempo se mantuvo el negocio en activo y cuántas píldoras pudieron venderse, ya que el hombre que lo inició y se lo pasó a los imputados les ya dejó 300 pastillas dispuestas para su venta.