La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra inició ayer el juicio contra siete acusados de tráfico de drogas en el sur de la provincia. Un juicio en el que la Fiscalía Antidroga solicita penas que oscilan entre los 4 años y medio y los 15 años de prisión.
La pena más alta la reclama el fiscal para José Manuel F. M., un vecino de Oia a quien acusa de tráfico de drogas, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y atentado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta persona, durante el registro que se efectuó en su vivienda, llegó a encañonar a la comisión judicial y a los agentes al grito de "¿E agora que?, ¿quen manda agora? Querédesme joder, vouvos coser a tiros".
Ayer, el acusado relató otra versión de los hechos en el juicio. Solo contestó a preguntas de su abogado, a quien reconoció que llegó a "echar mano" de una escopeta de caza que guardaba su cuñado en casa, pero que sabía en todo momento que el arma estaba sin montar y por lo tanto inutilizable.
Alegó que echó mano de la escopeta por que "me asusté". La razón es que, explicó, en el año 1999 fue secuestrado por varias personas disfrazadas de policías y guardias civiles que le dieron una paliza. El caso fue sonado dado que eran miembros del conocido como clan de "Los Píos" de Valladolid, que le torturaron hasta que fue liberado por la Guardia Civil. Ayer, en el juicio en el que se sienta como acusado, este vecino de Oia dijo que cogió la escopeta porque cuando vio a los agentes "pensé que eran otra vez unos chorizos" que venían a secuestrarle. De hecho, se quejó amargamente de los modos en los que se practicó este registro por parte de los agentes de la Guardia Civil, de quienes incluso no tuvo reparos en decir que habían sido "más profesionales" los de mentira que le secuestraron hace ahora más de dos décadas.
Y es que la gran mayoría de los siete acusados que declararon ayer en Pontevedra fue intentar desacreditar y sembrar dudas sobre la legalidad de los registros efectuados por los agentes de la Guardia Civil en aquel operativo antidroga. Aseguran que no les permitieron seguir de cerca las acciones de los agentes en cada habitación o que entraron en inmuebles separados de las viviendas principales, como una nave o un garaje, en los que no tenían permiso para realizar dicha inspección. Los acusados negaron los hechos, solo uno reconoció trapichear en alguna ocasión con droga para sostener su consumo, mientras que el resto negó tajantemente los hechos, incluido el propio José Manuel F.M.
Todos ellos se acogieron a su derecho a responder, únicamente, a las preguntas de sus respectivos letrados y aseguraron no ser las personas ni los dueños de los teléfonos cuyas conversaciones fueron registradas en las escuchas relacionadas con este caso.
Varios de los acusados también justificaron los contactos que mantenían entre ellos en la compraventa de carbón y leña para el restaurante de un familiar, explicando José Manuel F. M que lleva toda la vida dedicándose al negocio de la madera.
En los registros efectuados en varios de los domicilios de los detenidos se encontraron diversas armas. En el caso de José Manuel F. M. aseguró que eran propiedad de su padre y que "las iba a entregar a la Guardia Civil" pero que no le dio tiempo. En cualquier caso, insistió en que su estado era malo y estaban "oxidadas".
Otros de los acusados rechazaron ser los dueños de las armas localizadas durante los registros. El juicio continuará la semana próxima.
