La Fiscalía de Pontevedra ratificó ayer una petición de condena de dos años de prisión para una madre acusada de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar hacia su hijo de 15 años de edad. Solicita que se le imponga un año por cada uno de los delitos. Además, reclama su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante tres años, una decisión que ratificó el Ministerio Público tras el juicio celebrado ayer en el juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra.
La defensa de la mujer, que se acogió a su derecho a no declarar, niega los hechos. La procesada también rechazó la acusación en el alegato que realizó al hacer uso de su derecho a la última palabra: "Si algo he hecho bien ha sido tener a mi hijo, así me muera hoy si pudiera hacerle daño jamás", aseguró, al tiempo que anunció que "voy a luchar por él hasta el último día de mi vida".
La acusación particular, que ejerce el padre del menor, se sumó a la petición de condena. En medio de este litigio se sitúa este adolescente, quien actualmente convive con su madre. Por expreso deseo suyo se acogió a su derecho a no declarar.
La principal prueba de cargo está representada por dos vídeos que aportó el padre del menor, a través de la acusación particular, y cuya legalidad pone en duda la defensa. Inicialmente, la magistrada los aceptó y fueron visionados en el juicio. Se trata de dos grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad de la empresa en la que trabajaba el padre del menor, a donde acudía el niño habitualmente a la espera de ser recogido allí por su madre. Para la Fiscalía, ambas grabaciones hacen que "huelguen más comentarios" sobre la autoría de los hechos y la forma en la que se produjeron.
El Ministerio Público considera que los vídeos son perfectamente legales. Mientras que en uno de ellos se aprecia un manotazo al menor en el garaje de la empresa, en un segundo caso se observa una agresión "de mayor dimensión" en la que se llegan a contabilizar hasta 12 manotazos de la madre al adolescente, algunos de ellos que "incluso llevan al menor al suelo o que le hacen tirarse para protegerse y aún así le sigue golpeando en el suelo".
Para la acusación particular, los vídeos no solo son legales y recogen las dos citadas agresiones. A mayores, el abogado del padre considera que el gesto del menor para protegerse indican una "habitualidad" en este tipo de comportamientos.
La defensa insiste en cuestionar la legalidad de las grabaciones. Insiste en su nulidad y también hace hincapié en la extemporaneidad en la que el padre del joven aportó estas grabaciones al proceso, algo que se produjo solo después de otras denuncias por parte de la madre hacia él para solicitar el régimen de visitas a su hijo. Un retraso que el padre justificó en el hecho de que, al principio, todavía eran pareja e intentó salvar el matrimonio. Además, considera que la custodia de las imágenes no ha sido la adecuada hasta que fue puesta en manos del juzgado e insiste en que "no se presentó en los términos legales" correspondientes: "Si un padre ve un caso de maltrato lo más normal es que acudiese al juzgado inmediatamente", subrayó el abogado de la defensa.
Otros testigos
Además de los vídeos, también prestó declaración una compañera de trabajo ante la que se produjo la supuesta agresión al menor y que ratificó los hechos. También compareció la responsable de la empresa cuyas cámaras captaron las supuestas agresiones y que, tras ser avisada por esta empleada, le entregó las imágenes al padre del menor, entonces su empleado. Asegura que las grabaciones no fueron manipuladas. El juicio quedó visto para sentencia.
