Visiblemente molestos ante una nueva suspensión, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se vieron obligados a aplazar este lunes el inicio del juicio contra siete acusados de tráfico de drogas debido a la sorpresiva renuncia de dos de los acusados a su abogado.
La presidenta de la Sección Cuarta inquirió a los dos acusados por la razón por la que renunciaban al letrado justo minutos antes del inicio del juicio y estos aducieron distintas razones que iban desde que "nos pedía que mintiéramos en el juicio y yo no quiero mentir" a "desavenencias con él y promesas que no cumplió". En definitiva, que no estaban "de acuerdo con la línea defensa" del letrado, como resumió la magistrada. Así las cosas, y bajo el apercibimiento de que deben nombrar letrado antes de 24 horas, el juicio quedó aplazado hasta el 13 de febrero.
Una vista oral, por lo tanto, en la que apenas dio tiempo a que el fiscal antidroga, Pablo Varela, rectificase un error material en el escrito de acusación del Ministerio Público y anunciase que elevará la pena para el acusado que se enfrenta a una pena más alta, de 15 años de prisión, por los delitos de tráfico de droga, tenencia de armas y atentado a la autoridad, dado que llegó a encañonar y amenazar con "coser a tiros" a la comisión judicial que realizaba el registro de su domicilio. El Fiscal ya anunció que elevará de cuatro a seis años de cárcel su petición por el delito de atentado, lo que haría un total de 17 años de prisión.
Cabe recordar que la Fiscalía pide penas que suman más de 60 años de prisión para siete acusados en este proceso judicial. Según el escrito de acusación pública, J.T.D. (con antecedentes por tráfico de drogas) y su estrecha colaboradora S.M.C., junto con H.T.G. y su pareja L.D.P., se dedicaban al acopio y distribución de sustancias estupefacientes.
La Fiscalía sostiene que integraban, junto con M.A.C., que les suministraba la droga, un grupo criminal en el que cada uno tenía un cometido e incluso un horario definido para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Este quinto acusado, a su vez, también se dedicaba supuestamente a la distribución de drogas, contando para ello con la cooperación de M.M.V.
En los registros de los domicilios de J.T.D. y S.M.C., los investigadores localizaron ordenadores, teléfonos móviles, básculas, recortes de plástico con restos de droga, más de 27.000 euros en efectivo, dos armas de fuego y munición.
Además, también fueron localizados diversos recortes con cocaína y heroína que estos acusados habían arrojado al exterior de una de sus viviendas, para evitar que fueran intervenidos en el registro.
En el registro de la vivienda de H.T.G. y S.M.C., se localizó una báscula y varios teléfonos móviles, entre otros efectos.
Por otra parte, también fueron registradas dos viviendas vinculadas a M.A.C., en las que se encontraron más de 30.000 euros en efectivo, casi 2 kilos de cocaína y 340 gramos de heroína, teléfonos móviles, sustancias de corte, cuatro armas de fuego y munición. Mientras, en el registro del coche y del domicilio de M.M.V. se encontraron 1.815 euros y unos 60 gramos de cocaína.
Finalmente, en este procedimiento la Fiscalía también acusa a J.M.F.M., también reincidente y supuestamente suministrador de la droga para M.A.C. En el registro de su domicilio se encontraron casi 22.000 euros, más de 4 kilos de cocaína, ordenadores, teléfonos, dos armas de fuego y munición.
Encañonó con una escopeta
Durante el registro de su vivienda, este acusado llegó a hacerse con una escopeta que tenía en el domicilio y encañonó a la comisión judicial que supervisaba esta diligencia, al tiempo que profería amenazas graves contra ellos.
Finalmente, los agentes que participaban en el registro lograron sujetar la escopeta y desarmar a J.M.F.M., que opuso una fuerte resistencia.
