Un guardia civil que en 2013 estaba destinado en el cuartel de Cambados se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel y de 7 de inhabilitación como agente del Instituto Armado y de cualquier otro cuerpo y fuerza de seguridad del Estado por presuntamente dar "chivatazos" a un narco arousano que se dedicaba al tráfico de drogas en las zonas de Cambados, Porriño y Salceda de Caselas. La Fiscalía considera que el agente, E.G.V., es responsable de un delito de revelación de secretos y de otro de omisión del deber de perseguir delitos. El traficante, F.F.B., ya condenado hace tres años como líder de una organización dedicada a la venta de drogas, también está acusado en este procedimiento de un delito de violación de secretos por el que se enfrenta a 3 años de prisión. La causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño.
Este caso deriva de la que se denominó "Operación Salamina". El fiscal relata que como consecuencia de una investigación del grupo EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, se llegó en 2013 a un grupo de personas, entre las que estaba F.F.B., dedicadas al narcotráfico en O Salnés y otras localidades de la provincia. Este hombre y otros seis miembros del grupo acabarían condenados por estos hechos en 2016, tras un acuerdo de conformidad, por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Pues fue en el contexto de este operativo cuando, en una segunda fase del mismo, los agentes descubrieron que un compañero suyo, un guardia civil destinado en Cambados, dio presuntamente "chivatazos" a ese traficante arousano. "Conociendo con ocasión de sus funciones públicas información relativa a la ubicación espacial y temporal de controles policiales, los movimientos e investigaciones de las unidades ECO y EDOA, la identidad de vehículos camuflados y actuaciones policiales de represión del tráfico ilícito de drogas", refiere el Ministerio Público, el encausado habría facilitado "en varias ocasiones" dicha información a F.F.B.
En el escrito de calificación provisional del fiscal se relata que el guardia civil "mantenía una relación de amistad" con el arousano y sabía que se dedicaba "al tráfico ilícito de drogas". Con los "chivatazos", se prosigue, "frustró los controles y las operaciones policiales" relativas a la represión del narcotráfico "de las que daba cuenta". Algo que causó "grave quebranto a la seguridad ciudadano" y "obstaculizó" este tipo de pesquisas policiales y judiciales.
Comunicaciones
La Fiscalía concreta una serie de comunicaciones que sobre todo a través de WhatsApp tuvieron ambos acusados entre agosto de 2013 y diciembre de aquel año. También aporta información sobre consultas que realizó el efectivo policial en la base de datos SIGO de la Guardia Civil o en papeletas de servicio de patrullas ajenas a la suya.
Junto a la revelación de la información confidencial, este agente está acusado de no realizar la función que le corresponde, la de perseguir delitos. "Conocedor de la actividad delictiva desarrollada por F.F.G. y a pesar de estar obligado a ello en su condición de funcionario del cuerpo de la Guardia Civil, no dio cuenta de dichas actividades a sus superiores, no inició ni promovió investigación alguna ni adoptó medida alguna tendente a poner fin o a la persecución de ese tráfico de drogas", concluye.
