Un "dolor e impacto psicológico" que debe ser compensado económicamente. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado una sentencia que condena al dueño de un perro de raza potencialmente peligrosa a indemnizar con 2.500 euros a la propietaria de una perra que acabó falleciendo a causa de un ataque del suyo. Junto a más cuantías por otros conceptos, la sala establece esta cantidad por daño moral por el "pesar" que supuso para la mujer la "pérdida violenta, súbita e inesperada" del animal y la "angustia" que le causó tener que proceder a su eutanasia ante la gravedad de las lesiones. La única modificación que realiza en relación con el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 10 es en relación a las costas del procedimiento.
Este procedimiento civil llegó a la Audiencia tras el recurso de apelación presentado por el condenado y en el que, junto a la imposición de las costas, impugnaba la cuantía de la indemnización concedida por daño moral al estimar que debía ser reducida a 1.000 euros. Pero la Sección Sexta confirma los 2.500 euros cuantificados por la magistrada de Primera Instancia al valorar la "angustia, zozobra e impacto emocional" sufrido por la demandante al verse privada de la compañía de la perra que tenía desde 2007 -desde una década antes a cuando ocurrió el ataque- y por "visualizar el estado en que se encontraba el animal" tras las severas heridas sufridas.
La sentencia de la Audiencia de Vigo también hace mención a la responsabilidad del condenado por su falta de vigilancia sobre el perro. La sala argumenta que pese a que es un can potencialmente peligroso -de raza American Staffordshire Terrier-, cuando sucedieron los hechos el animal estaba "suelto" en la vía pública y no llevaba bozal. Además, tenía la preceptiva licencia para este tipo de perros caducada. Estas circunstancias, junto al dolor causado en la dueña de la perra fallecida, hacen que la jueza valore como "proporcionada" la indemnización concedida.
Relación "afectiva"
"De lo que se trata es de valorar el dolor e impacto psicológico sufrido por la demandante y su familia por la pérdida definitiva de su perro, la convivencia de todos ellos desde hacía unos diez años [con el can] y la relación afectiva entre el animal y la familia fraguada a lo largo de tantos años", afirma la magistrada de la sala civil de la Audiencia que revisó este caso como tribunal unipersonal. La sentencia, dictada este pasado mes de octubre, ya es firme.
"También hay que tener en cuenta las circunstancias de esa pérdida violenta, súbita e inesperada y, desde luego, los daños morales derivados de la angustia y pesar por la gravedad de las lesiones del animal y, en particular, por la decisión de proceder a su eutanasia ante la imposibilidad de reconstrucción de las diferentes lesiones y su imposible recuperación, dado lo irreversible de aquellas", agrega la magistrada en su razonamiento. Y añade, además, que tampoco se puede obviar que fue "la falta de control y vigilancia" del demandado sobre su perro lo que provocó la muerte del can de esta mujer.
Esta sentencia condenatoria se apoya en el artículo 1905 del Código Civil, que señala que el "poseedor" de un animal o el que se "sirva de él" es responsable de los "perjuicios" que éste cause, "aunque se le escape o extravíe". "Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido", concluye este artículo legal. Una excepción, esta última, que no se da en este caso.
