Datos confidenciales y laborales de cientos de personas con los que se traficaba a cambio de dinero y que acababa en manos de detectives privados o empresarios especializados en la gestión de cobros. Ésta fue la trama ilícita ideada por el que en su momento fue director de la Oficina de Empleo de la localidad murciana de Bullas -en la actualidad ya jubilado- y por un falso detective privado de Alicante y en la que también tuvo un papel clave un vecino de Vigo que se alió con ellos para captar a personas interesadas en recibir unos datos que podían ser de gran utilidad para empresas dedicadas a cobro de morosos, detectives o bancos. Los hechos se remontan a 2010, pero fue ahora cuando han acabado plasmados en una sentencia, la que dictó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia y en la que, junto a estas tres personas, resultaron condenadas seis más -entre ellas otro vigués- por delitos continuados de cohecho y/o de revelación de secretos e informaciones. Aunque el número de perjudicados es mucho mayor, en esta investigación judicial fueron identificados un total de 244 que recibirán, cada uno, una indemnización de 1.000 euros.
La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Jaime Bardají García -quien fue juez decano de Vigo y ejerció en la ciudad olívica durante años hasta que se trasladó a Murcia-, impone a las nueve personas implicadas en esta operativa penas que oscilan entre los seis meses y los casi cuatro años de prisión, junto a indemnizaciones y multas. Los vigueses sentenciados son el que se dedicó a captar a personas interesadas en esa información confidencial y el administrador de una empresa de gestión de cobros que quería comprar esos datos para a su vez vendérselos a entidades financieras.
El exdirector de la oficina de empleo era el que se encargaba de obtener los datos de los afectados en la base de datos de la Seguridad Social y en la del Servicio Público de Empleo Estatal. Haciendo uso de sus códigos de acceso, ahí tenía nombres completos, números de DNI o NIE, direcciones y teléfonos. También información laboral sobre empleos, cotizaciones o subsidios de desempleo que esas personas pudiesen estar percibiendo. Todos esos datos se los facilitaba a su compinche de Alicante, que era quien se encargaba de buscar a personas que pudiesen estar interesadas en su adquisición a cambio de un precio que rondaba los 10 euros por la información reservada de cada persona. Para comunicarse entre sí de manera que no fuesen detectados, idearon un sistema de cuentas de correos electrónicos y de contraseñas con el que accedían a los datos confidenciales en la carpeta "borradores".
Junto al vecino de Vigo que hizo labores de intermediación, el resto de condenados son detectives privados o administradores de empresas de la urbe olívica, Madrid, Valencia o A Coruña interesados en esa información reservada. Fue la Policía Nacional la que en su día desarticuló esta red delictiva tras una larga investigación.
Esta trama se descubrió a raíz de una investigación de la Policía Nacional que, entre otras ciudades, se desarrolló en Vigo, donde se hicieron seguimientos, así como vigilancias en una cafetería. También hubo intervenciones telefónicas, pinchazos que en la sentencia se consideran fundamentales, junto a otras pruebas, para acreditar la actividad ilícita de los acusados.
"Esta gente no sabe vender ni sabe nada, porque resulta que tenemos una información... Mira tío, tenemos información de contrataciones y prestaciones", se escucha en una conversación entre uno de los cabecillas y el vecino de Vigo, que responde a continuación: "No me des detalles por este medio, que estamos hablando de una información confidencial".
