18 de octubre de 2019
18.10.2019

Diez detenidos en Galicia y Castilla La Mancha por estafar con autocaravanas

Los delitos han sido cometidos en las cuatro provincias de la comunidad

18.10.2019 | 10:03
Han sido recuperados cinco vehículos valorados en 160.000 euros. // GC

Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas de una organización delictiva asentada en Galicia y en Castilla La Mancha dedicada a estafar mediante la venta de autocaravanas, que usaban como "gancho" para el "engaño y venta" de estos vehículos que habían sido apropiados indebidamente.

Así lo ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el que ha explicado que, en el marco de la 'Operación Benimary', ha recuperado, además, cinco autocaravanas valoradas en 160.000 euros que eran utilizadas como "gancho para el engaño y posterior venta", que previamente habían sido apropiadas indebidamente.

Las mismas fuentes han indicado que se han bloqueado 22 cuentas bancarias, de las que siete habían sido dadas de alta a nombres de personas ajenas al grupo investigado, con el fin de recibir los ingresos del dinero procedente de las estafas. Se estima que el beneficio obtenido por la comisión de estos delitos ascendería a un valor de 171.547 euros.

Provincia de Lugo

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes detectaron varias estafas en la venta de vehículos en la provincia de Lugo. Una vez recabadas las denuncias interpuestas y analizados los datos aportados por las víctimas de los hechos, la Guardia Civil pudo constatar una conexión en el 'modus operandi' a la hora de realizar dichas estafas.

En el marco de las investigaciones, los agentes descubrieron que la organización publicitaba anuncios de ventas de autocaravanas, que inicialmente no poseían, en portales de Internet dedicados a la compra y venta de vehículos.

Posteriormente, las víctimas establecían contacto con los supuestos vendedores de los vehículos, mediante los números telefónicos insertados en los anuncios para iniciar el trámite comercial de compra/venta. Llegado al acuerdo de compra, los vendedores en ocasiones solicitaban un adelanto económico en forma de señal para su reserva, en otras ocasiones un pago parcial, que era ingresado en cuentas bancarias previamente abiertas. Una vez realizados los ingresos, las víctimas no volvían a tener más noticias de los supuestos comerciales.

"Con el tiempo, esta modalidad de engaño la fueron cambiando con el objetivo de incrementar beneficios económicos", ha destacado el Instituto Armado. Para ello, los integrantes de la organización efectuaban el alquiler de las autocaravanas a personas físicas y jurídicas dedicadas al alquiler de estos vehículos sin conductor.

Una vez que los integrantes tenían en su poder la documentación de los vehículos que habían alquilado y habían pactado el plazo de alquiler, realizaban su venta sin que el arrendador y el destinatario final del vehículo tuvieran conocimiento de la estafa.

Venta


Para vender estas autocaravanas, la organización insertaba anuncios de venta en los portales de Internet para establecer la relación comercial de compra/venta. Posteriormente, efectuaban la entrega de los vehículos en unión de su documentación y factura de compra. Esta acción les reportaba cantidades que oscilaban entre 30.000 y 40.000 euros por la venta de cada vehículo.

Para ocultar su identidad, el líder de la organización y sus tres principales colaboradores hacían uso de empresas inexistentes y de personas físicas ajenas al grupo delictivo, ha apuntado la Benemérita. De esta manera, emitían los contratos de compra/venta y facturas.

Asimismo, los números de teléfonos insertados en los anuncios eran números de tarjetas prepago a nombre de terceras personas ajenas al grupo y las cuentas bancarias donde se realizaban los ingresos de las cantidades de dinero estafado, "eran previamente abiertas mediante la modalidad online, valiéndose para ello de documentación que el líder del grupo y otros componentes disponían por su actividad laboral relacionada con la compra y venta de vehículos", ha puntualizado el Instituto Armado.

Para la retirada del dinero hacían uso de tarjetas asociadas a las entidades bancarias abiertas. Estas tenían contratado con empresas de transporte de paquetería el servicio de entrega de las tarjetas bancarias.

De este modo, cuando el mensajero iba a hacer entrega de dichas tarjeta, las direcciones o números de teléfono facilitados eran inexistentes, motivo que obligaba a la empresa de transporte a ponerse en contacto telefónico con el cliente para establecer un nuevo lugar de entrega. De esta manera, como los receptores de las tarjetas nunca eran los clientes destinatarios, se personaban integrantes del grupo portando y facilitando una copia del documento nacional de identidad.

Una vez en posesión de las tarjetas bancarias, retiraban el dinero en distintas entidades bancarias, minutos antes de las 00,00 horas y minutos después, por importes de 1.000 y 2.000 euros con el fin de no superar el límite establecido por las entidades bancarias. Para ello, hacían uso de prendas de vestir, gafas de sol e incluso pelucas para imposibilitar una identificación.

Registros

En los tres registros domiciliarios efectuados se ha intervenido diversa documentación, fotocopias documentos nacionales de identidad, tarjetas bancarias y tarjetas prepago de telefonía móvil, relacionados con los hechos investigados.

Asimismo, se ha podido comprobar "la continua actividad delictual en la comisión de estafas, apropiaciones indebidas, falsedades documentales, usurpaciones de identidad", señala el Instituto Armado. Así, contabilizaron los agentes 17 denuncias por estafas y apropiaciones indebidas, por un valor aproximado de 171.547 euros estafados. Y se ha localizado e informado de los hechos a 21 víctimas de las estafas y apropiaciones indebidas y a 24 víctimas de identidades usurpadas para la consumación de los hechos penales.

Las estafas han sido cometidas en, Lugo, Tenerife, A Coruña, Pontevedra, Albacete, Menorca, Madrid, Toledo, Salamanca, Cáceres, Cuenca, Córdoba, Málaga, Ourense y Sevilla.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo (Área de delitos contra el patrimonio-económicos) y nuevas tecnologías, bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción de Becerreá.

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