La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo juzgará a partir del próximo 7 de octubre a una red de tabaco de contrabando que operaba en la ciudad olívica y Marín, desarticulada en 2013. En el banquillo de los acusados se sentarán tres agentes de la Guardia Civil destinados en el Puerto marinense y tres responsables de empresas de avituallamiento a buques titulares de depósitos fiscales en Zona Franca.
Dentro de sus distintas ocupaciones profesionales, según la Fiscalía, los seis acusados intervenían en operaciones comerciales de avituallamiento de buques en las que se servía tabaco procedente de depósitos fiscales para su consumo por la tripulación, operación exenta de aranceles e impuestos. El Ministerio Público sostiene que maquinaron un plan para disponer de tabaco y ponerlo en circulación sin pagar impuestos, para lo que habrían fingido operaciones inexistentes de avituallamiento en las que se hacían figurar como destinatarios de la mercancía buques que en muchos casos estaban lejos de Galicia, e incluso varios que habían sido desguazados años antes.
Así, entre 2011 y 2013 se hicieron con tabaco por valor de 2.2237.954 "para vender fuera de los circuitos legales de comercialización" y defraudaron 1.411.808,50 euros de labores de tabaco; 354.009,69 euros en IVA y 5.631 euros en derechos arancelarios, lo que eleva la deuda tributaria a 1.765.817,79 euros según recoge el escrito de acusación. En total se han contabilazado 31 operaciones de avituallamientos supuestamente falsos a 31 buques con más de 54.300 cartones de tabaco.
El Ministerio Público imputa a los tres guardias civiles un delito continuado de falsedad documental por funcionario público en concurso medial de un delito continuado de contrabando de tabaco. Solicita para cada uno de ellos 5 años de prisión y multa de 7.500 euros, así como seis años de inhabilitación para empleo o cargo público. El fiscal sostiene que los agentes controlaban la realidad de la entrega del tabaco y la corrección de datos que figuraban en la documentación, asignando el "visto para embarcar".
En el caso de los tres civiles -el responsable de Administración y Aduanas de dos empresas con depósito fiscal en Zona Franca, un comercial y una administrativa- reclama 4 años de prisión para cada uno, así como una multa de 5 millones de euros. El responsable de la empresa de avituallamiento, según el escrito de acusación, gestionaba y asignaba gran parte de la documentación aduanera, la DUA de tránsito de exportación. El comercial, incide, intervenía en la tramitación de los pedidos y la entrega física del tabaco, así como en el cobro de las facturas con la administrativa imputada.
En concepto de responsabilidad civil y a tenor de la ley de represión del contrabando, el Ministerio Público solicita que los acusados indemnicen solidariamente a la Agencia Tributaria en un total de 1.771.448 euros.
La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo ha reservado cinco días, del 7 a 11 del próximo mes de octubre, para la celebración de la vista oral.
