Más de 430.000 escopetas, pistolas, navajas o artilugios ilegales incautados a delincuentes o sin dueño después de que nadie haya pujado en subastas acaban en el horno. La Guardia Civil se encarga de que el único rastro que quede de estas armas sea ver el hierro fundido en alcantarillas o en material de construcción.

Mañana se celebra en todo el mundo el Día de la Destrucción de Armas, una fecha que fijó la ONU en 2001 para que los países promovieran acciones dirigidas a la eliminación de armas ilícitas, una tarea que en España asume la Guardia Civil.

Ya su fundador, el duque de Ahumada, estableció que los agentes del instituto armado vigilasen que "nadie ande con armas por parte alguna sin la correspondiente licencia para usarlas", recuerda a EFE el comandante Juan Rodríguez Jarén, de la jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

175 años después y con la puesta en marcha de diferentes normas de regulación en el control de armas, la Guardia Civil está al cargo de su intervención y destrucción en toda España, tal y como fijó el primer reglamento en 1935, entonces muy avanzado con respecto a otros países porque implantó que toda arma decomisada se tenía que reducir a chatarra.

Así acabaron el año pasado 50.000 armas de fuego, una cifra que supera las 430.000 desde 2013 y en la que se incluyen también navajas, ballestas, puños americanos, sables, estrellas ninja u otros objetos que se transforman en armas prohibidas, como una tarjeta de plástico que al doblarse es un cuchillo.

La de Madrid es la que comunidad que más armas destruyó en 2018, con 12.500 , mientras que Andalucía fundió 12.400 y Cataluña 11.600.