Una presunta campaña de boicot por parte de un grupo de trabajadores que se produjo en el marco de un conflicto laboral que ha dado lugar a una dilatada investigación judicial de un caso que ahora está próximo a juicio. La vista oral se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, que ha reservado tres jornadas el próximo octubre. Durante la instrucción llegó a haber 21 investigados, pero finalmente serán 13 los que deberán sentarse en el banquillo. La causa por presuntas coacciones y daños se centra en hechos ocurridos entre 2012 y 2015. Los acusados supuestamente participaron en una sucesión de "actos de boicot" en aquellos años contra la concesionaria de la cafetería del Hospital Meixoeiro de Vigo, Oh Vigo, así como contra su gerente. La empresa ejerce la acusación particular y acusa a la casi quincena de encausados del procedimiento. La Fiscalía, mientras, dirige su escrito solo contra tres de ellos. Las defensas piden la libre absolución.
El fiscal acusa a tres de los entonces trabajadores de la cafetería. Uno de ellos tenía la categoría de delegado sindical. Considera los hechos constitutivos de un delito de coacciones y otro de daños, así como faltas, y pide penas que oscilan entre un año y medio de prisión y multa de 1.800 euros. El Ministerio Público arranca su escrito relatando que fue en 2010 cuando una antigua concesionaria cedió el contrato administrativo de la cafetería del Meixoeiro a Oh Vigo, "implicando dicho contrato la cesión de todos los trabajadores y de las condiciones laborales pactadas" en el último convenio, que databa de 2007. Dicho acuerdo fue posteriormente renovado pero en 2012, "ante la situación de falta de liquidez de la empresa, el hecho de que dejaron de pagarse algunos salarios y se produjeron despidos por motivos económicos", y ante la advertencia del empresario "de la imposibilidad" de renovar el convenio en las condiciones vigentes, se produjo una huelga indefinida.
Aunque hubo un acuerdo para poner fin al paro, añade el Ministerio Público, el conflicto laboral no terminó en esa fecha. El fiscal sostiene que las tres personas contra las que dirige la acusación, "con otros trabajadores no identificados", "iniciaron una serie de actos de boicot para crear y generar presión tanto en el empresario como en el resto de trabajadores, que les impedían el ejercicio normal de su actividad laboral". El objetivo, se prosigue en el escrito provisional, era "obstaculizar el ejercicio de la actividad empresarial y laboral, con el fin de lograr que la empresa concesionaria cesara en su actividad y abocarla a ceder el servicio al Hospital do Meixoeiro".
Los acusados, describe, participaron "activamente" en una campaña de presión en la que durante 2013 y 2014 se hicieron "numerosas pintadas" con "frases insultantes" en la cafetería, en las paredes de acceso al hospital vigués y en otros lugares y vías públicas. El acusado para el que se pide la pena más alta, concreta el Ministerio Fiscal, retó supuestamente a pelear al empresario, habría agredido a una jefa de cocina y amenazó a otra empleada. También le atribuye desconectar la central de alarmas o causar daños en el circuito de videovigilancia. Otras acciones que relata el fiscal son concentraciones con "pancartas insultantes", pegada de pegatinas con similares expresiones o insultos a través de las redes.
"Como consecuencia del conflicto laboral", concreta la acusación pública, el gerente de la empresa "sufrió trastorno psiquiátrico de ansiedad", "sin que se acredite" que el mismo derive de los hechos que irán a juicio en este procedimiento penal, ya que, agrega la Fiscalía, la empresa afrontó en esa época ERES y numerosos juicios por despido que derivaron en piezas de ejecución de indemnización a favor de los trabajadores.
Indemnización
Sobre esta cuestión, la acusación particular sí vincula el daño moral del empresario con la supuesta campaña de boicot, que también afectó a la "imagen comercial". Esta parte, que acusa a 13 extrabajadores y que pide penas de 4 años de cárcel y multa, solicita las siguientes cuantías en concepto de responsabilidad civil: 210.000 euros para el empresario por daño moral y algo más de 520.000 euros para la empresa por daños materiales, daño económico por lucro cesante y daño moral a la compañía.
La acusación privada amplía el número de episodios presuntamente causados, como el supuesto boicot de un catering que la empresa había organizado para un congreso. Acusa a tres de los encausados de irrumpir allí, empezar a comer lo que había en las mesas e increpar a los camareros, impidiendo que el servicio se llevase a cabo.
