La Audiencia de Vigo todavía no ha dicho su última palabra en el caso "Papuchi". Tras emitir hace justo un mes un fallo en el que imponía al hostelero vigués Carlos V.I. penas que suman 36 años de prisión por abusos sexuales a una veintena de menores de la ciudad, ahora tiene que dirimir si el condenado debe ingresar de forma inmediata en prisión para cumplir una pena efectiva que rondaría los 12 años (el triple de la pena más alta al tratarse de varios delitos de una misma naturaleza) o puede continuar en libertad hasta que se ejecute la misma o ante un posible recurso ante el Tribunal Supremo.

La vista de situación personal tuvo lugar ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra a instancias de la Fiscalía y la representación de los padres y menores víctimas de abusos, que reclaman la inminente entrada del empresario en el penal de A Lama, donde ya pasó casi dos años en prisión preventiva.

Las acusaciones sostienen su argumentación alegando riesgo de fuga y falta de arraigo, en especial por lo elevado de las penas impuestas por los magistrados de la Audiencia. La defensa del empresario, por la contra sostuvo no solo que no se cumplen con los requisitos requeridos para el ingreso inmediato en prisión, sino que demandó una modificación de las medidas impuestas.

Entre ellas destaca la solicitud de devolución de la fianza que Carlos V.I. puso a disposición del juzgado instructor para poder salir en libertad durante la investigación del procedimiento penal, en concreto 30.000 euros. Inicilmente se solicitraon 50.000 euros pero se redujo al no poder hacer frente el ya condenado en primera instancia al pago del requerimiento.

Su abogado sostiene que se trata de una persona "insolvente". Sus palabras fueron refrendadas por el propio condenado, quien al hacer uso de su turno de palabra reconoció vivir un momento "complicado", carecer de recursos económicos y vivir con sus padres. "Necesito el dinero para ayudar a mis padres, tengo que estar pendiente de ellos. Quiero rehacer mi vida", alegó.

A este respecto, otra de las medidas que su defensa requirió fue la devolución del pasaporte, lo que le permitiría al conocido como "Papuchi" salir al extranjero. Y es que su letrado aseguró que no logra encontrar trabajo en la ciudad, situación que se revertiría en otros puntos como Portugal. "Es una persona ya reconocida", asumió.

Asimismo el abogado del hostelero vigués también solicitó entre sus reclamaciones que se le retire la orden del alejamiento respecto de los cuatro menores sobre los que fue absuelto. El representante legal afirmó que Carlos V.I. no se ha sustraído "hasta ahora" de la justicia ni cuando le pedían más de 100 años "ni lo va a hacer ahora". "En 42 años nunca tuvo un problema con la justicia", sostuvo el letrado. Los magistrados de la Audiencia viguesa dirimirán en los próximos días sobre su situación personal.

El tribunal le impuso 36 años de prisión por abusos sexuales a 16 menores de edad. La Fiscalía pedía inicialmente 54 años de cárcel y una de las acusaciones particulares personadas en el procedimiento planteaba más de 120. Los hechos juzgados y demostrados ocurrieron entre los años 2015 y 2017, momento en el que las víctimas tenían edades que iban de los 15 a los 16 años, aunque también había adolescentes de 13 y 14. La fiscal sostiene que "Papuchi" (apodado así en la investigación) se aprovechó de su trabajo en un restaurante próximo a la zona "de moda" de los jóvenes para entablar contacto con ellos. El condenado, lejos de buscar solo amistad se interesaba por otro tipo de relación "de naturaleza sexual".