El caso que derivó en el desmantelamiento de un centro clandestino de elaboración, almacenamiento y procesamiento de carne en Coia (Vigo) ya está próximo a llegar a una sala de vistas. El Juzgado de Instrucción 1 de Porriño ha dictado el auto de apertura de juicio oral -se celebrará en un tribunal Penal de Pontevedra- después de que Fiscalía y acusación particular presentasen sus escritos. El Ministerio Público solicita que el responsable del almacén sea condenado a 9 años de cárcel al atribuirle la presunta autoría de cuatro delitos: intrusismo, contra la salud pública, receptación y falsedad documental. La petición incluye la de inhabilitación de J.M.C.F. para actividades relacionadas con la producción y distribución de alimentos, la clausura definitiva de la finca donde estaba el almacén y multa de 1.560 euros. En este caso ya fue condenado, a sanción económica, un empleado de una empresa porriñesa que sustraía productos en la misma para facilitárselos al principal encausado.
La fiscal relata en su escrito de acusación provisional que J.M.C.F., "sin poseer ningún tipo de titulación oficial", realizó, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, "la actividad de tratamiento, almacenamiento y procesamiento de carne y productos derivados" en el referido almacén de Vigo para su "venta al por menor entre distintos clientes". Para "dar la apariencia" de que los productos cumplían los requisitos legales, el acusado supuestamente entregaba la carne "en envases y con etiquetas de empresas de carnicería autorizadas", así como emitiendo facturas de establecimientos legales, lo que le facilitaba la "comercialización".
Pero un operativo de la Guardia Civil y la actuación de inspectores de la Consellería de Sanidade en octubre de 2016 puso fin a la actividad ilícita. Tras descubrirse el centro clandestino de procesamiento de carne, se constató, dice la Fiscalía, que el local carecía de autorización administrativa y que además "incumplía con todas las garantías de salubridad" para el desarrollo de dicha actividad. Algo que, se añade, "suponía un riesgo para el consumo humano". Peligro que se incrementaba con la posterior venta y distribución de la carne, "al romperse la cadena de frío y propiciando con ello la potencial aparición de enfermedades de origen alimentario, como la salmonelosis".
En el registro en la parcela se localizó una cámara frigorífica "en mal estado de conservación y limpieza" donde había por ejemplo jamón de cerdo deshuesado, un chuletero de ternera o costilla congelada, todo sin etiquetado. En un arcón congelador había más de 250 kilos de carne "con las condiciones organolépticas alteradas" y "sin documentación que amparase su origen". Y en dos locales anexos se hallaron instrumentos en mal estado de conservación para elaborar hamburguesas y curar chorizos y costilla de cerdo en proceso de salado en un contenedor sin tapar. La Xunta cerró cautelarmente el local. El acusado se hizo pasar supuestamente por otros carniceros para adquirir productos, que transportaba en su furgoneta.
