El juicio por el trágico arrollamiento a un pelotón de ciclistas en la PO-552 en A Guarda en marzo de 2016 ya está más cercano. Tras presentar las acusaciones particulares sus escritos, ahora acaba de hacerlo la Fiscalía, que solicita que el automovilista, Manuel B.A.L., en la actualidad de 90 años, sea condenado a 4 años de cárcel y a seis de retirada del carné de conducir -lo que supone la pérdida de vigencia del permiso- por la presunta autoría de dos delitos de homicidio por imprudencia grave -dos de los deportistas fallecieron- y otros siete de lesiones también por imprudencia grave. La cuestión de la responsabilidad civil cobra especial importancia en este caso y, al respecto, el Ministerio Fiscal demanda que el conductor y la compañía aseguradora abonen de forma conjunta, directa y solidaria cuantías que suman más de 2,3 millones de euros, cantidad de la que habrá que deducir los pagos ya realizados por el seguro y cobrados por los perjudicados. Esta cifra no incluye lo que corresponde a la familia de uno de los fallecidos y a uno de los heridos, que ya fueron totalmente indemnizados.
Esta causa ya solo está pendiente, de forma previa a que se ponga fecha a la vista oral, de que el juzgado instructor dicte el auto de apertura de juicio y de que el abogado del acusado presente su escrito de defensa. El del Ministerio Público, firmado por el fiscal especializado en Seguridad Vial de Galicia Carlos Gil, fue notificado ayer a las partes. El siniestro ocurrió la mañana del 12 de marzo de 2016. Era un sábado. La acusación pública relata que el automovilista iba al volante de su todoterreno por la PO-552 cuando, en el punto kilométrico 43,400 de dicha carretera, "en un plano recto y con excelentes condiciones para la conducción", se encontró con un grupo de 14 ciclistas que "circulaban correctamente en columna de a dos y en su misma dirección".
El accidente
El fiscal prosigue que por conducir "de forma distraída y sin prestar la obligada atención", además de por "sobrepasar la velocidad máxima permitida", el automovilista "arremetió violentamente" contra el pelotón "sin realizar ninguna maniobra evasiva de frenado o de cambio de dirección", arrollando así a 12 de esos deportistas. Debido a la colisión, dos de los ciclistas, José Antonio Casás Pérez, Ñito, y Diego Freiría Fernández, murieron. Otros nueve resultaron heridos.
La aseguradora presentó oferta de indemnización y consignó judicialmente para 9 de los perjudicados cuantías que en global suman 487.284 euros, que, mediante auto, el juzgado acordó que no era ni oferta motivada ni suficiente. De hecho, la cifra está muy lejos de la que el fiscal reclama en su escrito para los ciclistas. Esa cantidad asciende a 2.335.390 euros. En ella se incluyen los algo más de 437.000 euros que demanda para la familia del ciclista fallecido que aún no fue indemnizada. El resto es para ocho de los heridos. La cuantía más alta es de 1,4 millones para el exvicerrector de la Universidad de Vigo José Antonio Vilán, de 55 años, por las graves lesiones y secuelas que padece. Las demás partidas oscilan entre 254.700 que pide para otro herido grave y 1.241 que solicita para un ciclista para el que solo computa daños materiales en su equipación.
De cara al juicio, la Fiscalía interesa que se cite a 22 testigos y, en calidad de peritos, a la médico forense que examinó a los perjudicados y a los guardias civiles que hicieron el informe técnico del accidente.
