El 1 de agosto era el día de la fiesta parroquial en San Fiz, en el municipio ourensano de San Amaro. Había eucaristía y procesión, como de costumbre. Antes de la celebración, el párroco decidió quemar papapeles, cartas y periódicos viejos que había acumulado en su casa de O Carballiño. Prendió fuego en la acera que orilla la casa rectoral, pero por culpa de las condiciones meteorológicas y de la mala fortuna el fuego se propagó a una finca en la que ardieron 0,05 hectáreas.

El cura, Manuel C. C., de 88 años, fue a juicio este martes en el Penal 2 de Ourense por un delito de incendio imprudencia. Admitió los hechos y se conformó con una condena de 6 meses de prisión sin efectos -la pena queda suspendida al carecer de antecedentes- más el pago de una multa de 3 euros al día durante 6 meses, lo que supone un total de 540. Los gastos de la extinción ascendieron a 207,52 euros, una cantidad que el mayor, consciente de que tuvo la mala suerte de incurrir en una imprudencia, ya satisfizo antes de que el proceso llegase a juicio.

El religioso hizo la quema de los papeles que tenía en casa sobre las 12.34 horas del 1 de agosto. No tenía autorización administrastiva par hacer una fogata. La acusación de la Fiscalía se basa en que actuó "con omisión de las más elementales normas de cuidado". Aquella jornada de hace dos veranos la temperatura media fue de casi 25 grados. Además, la humedad relativa era baja, del 30% de promedio. El índice de riesgo diario de incendio se situó aquel 1 de agosto en un nivel muy alto. Además, el terreno de la rectoral era pendiente. "Todo ello determinó que el incendio se propagara a las fincas colindantes". Ardió una superficie rasa de 0,05 hectáreas. Quedó en un conato.

Había una manguera cerca pero el octogenario, que mientras aguardaba se había puesto a rezar el rosario, no fue capaz de apagar el fuego. Llegaron los vecinos en su ayuda y también fueron movilizados los servicios de extinción de la Xunta de Galicia. Los gastos del operativo fueron cifrados en 207,52 euros. El fuego afectó a parcelas propiedad de la Diócesis de Ourense, pero la Iglesia renunció al ejercicio de acciones civiles y penales.

Asimismo, el Obispado descarta tramitar un proceso canónico contra el cura, a mayores de la vía penal que ha quedado zanjada con el acuerdo de conformidad y el pago de los gastos y la multa. "No es necesario iniciar ningún proceso canónino porque este delito no está dentro de los delitos graves que contempla la Congregación para la Doctrina de la Fe", explicaron fuentes del Obispado de Ourense.