El Ayuntamiento de Godella, donde residían los dos niños asesinados, reconoció a través de su alcaldesa, Eva Sanchis, que los servicios sociales ya habían trabajado en 2016 con esta pareja. El expediente, por un problema de convivencia, se archivó. El pasado lunes, nuevamente volvieron a intervenir tras una llamada telefónica de la familia, en concreto de la abuela de los menores. Dos patrullas locales acudieron a la caseta donde vivían de okupas, pero no actuaron porque "estaban en buenas condiciones".
