Una causa que se eternizó en los juzgados y que ha acabado beneficiando al acusado con una importante rebaja de la pena mediante la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en grado muy cualificado. El Juzgado de lo Penal 3 de Vigo ha condenado a ocho meses y siete días de prisión a un empresario que simuló un negocio de compraventa de material de telefonía móvil con facturas falsas, logrando así defraudar a la Agencia Tributaria algo más de 300.000 euros.
La peculiaridad de este caso es que los hechos ya se remontan a hace más de 16 años, a 2002. El condenado, David C.R., administrador de una empresa de comunicaciones, urdió una "ficción" para defraudar a la Hacienda Pública en el impuesto del IVA, para la que se valió de una trama societaria. El plan, describe la sentencia, fue el siguiente: por un lado simuló adquirir a tres sociedades pantalla españolas sin actividad económica real una serie de elementos de telefonía móvil, para lo que se valió de facturas falsas por valor de 3 millones de euros. Y a continuación fingió vender ese material por un precio similar al de la adquisición, también mediante la emisión de recibos ficticios, a una empresa francesa. Aquí entraba en juego, a efectos fiscales, el que era una entrega intracomunitaria exenta de IVA. Con este proceder, concluye la jueza, el empresario logró la devolución "indebida y fraudulenta" de 300.359 euros, cuantía que ahora debe restituir a la Agencia Tributaria.
La magistrada lo condena como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro contra la Hacienda Pública. El fiscal pedía 3 años y medio de cárcel, pero la pena se queda en 8 meses por las dilaciones. La jueza le impone asimismo 301.000 euros de multa e indemnizar a Hacienda con la cuota defraudada. En el banquillo también se sentó una mujer vinculada a una de las sociedades de la trama, pero fue absuelta al no quedar acreditada su participación en los hechos.
Demora
La demora judicial -pasaron 13 años desde la incoación del procedimiento en 2005 hasta que se celebró el juicio en diciembre de 2018- contribuyó a reducir la condena. La jueza admite que era una trama compleja y que la instrucción se complicó porque los administradores de varias sociedades estaban ilocalizables, pero aún así dice que el retraso fue "desmesurado". Contra esta sentencia aún cabe recurso.
