La movilización vecinal no ha evitado esta vez que cuatro familias hayan sido desahuciadas hoy de sus viviendas ubicadas en el número 11 de la calle de Argumosa, en el madrileño barrio de Lavapiés, y en los que seis personas han sido detenidas al tratar de impedir su ejecución.

Alrededor de 200 vecinos y activistas se han concentrado frente al edificio, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los desahucios en la capital, en el que vivían de alquiler las cuatro familias, entre las que hay un bebé de un mes y una joven discapacitada.

Pasadas las 10.00 de la mañana, agentes de la Policía Nacional han accedido al interior del inmueble para ejecutar los desahucios, entre gritos de "¡vergüenza, vergüenza!", "Las casas son para la gente" o "Medias sociales y no policiales".

Pepi, una de las vecinas a las que han tratado de desahuciar en cinco ocasiones anteriores, ha salido a la calle para agradecer el apoyo de la gente congregada frente al inmueble.

Allí se habían atrincherado por la noche miembros de varias asociaciones para tratar de impedir los desahucios, dictados por tres juzgados de Madrid para el mismo día y notificado a las familias, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), "con menos de 24 horas de antelación".

Durante las protestas han sido detenidas seis personas a los que se les imputa los delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, según han indicado a EFE fuentes policiales.

En la zona ha llegado a haber una docena de furgones de antidisturbios y la circulación de la calle ha estado cortada desde la pasada madrugada y durante la ejecución de los desahucios, previstos a las 9.30 de la mañana.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares de las Naciones Unidas había reclamado suspender el desahucio en tres de las cuatro viviendas mientras examinaba los casos o se otorgaba a las familias en cuestión "una vivienda alternativa adecuada". Sólo una de las familias había solicitado una alternativa habitacional de las cuatro que han sido desalojadas de sus casas.

Este edificio del barrio madrileño de Lavapiés ha sido adquirido por un bloque de fondos de inversión y varios de sus inquilinos, que han vivido varios intentos de desahucio, recibieron un burofax en el que les informaban de que tenían que abandonar su casa al vencimiento de sus contratos de alquiler.

Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, ha calificado este despliegue policial como una "salvajada".

Además, ha denunciado ante los medios que ha habido una operación judicial "sin precedentes" y "orquestada" entre tres juzgados de Madrid que, según ha sostenido, "fueron coordinados de alguna manera para dictar la misma resolución".

La abogada ha comentado que las familias se enteraron del desahucio este jueves por lo que "no han podido" trasladar sus enseres a otro lugar.

El Ayuntamiento de Madrid ha alojado a dos de las familias en un hostal y a una tercera en un hotel, unos "recursos de emergencia" que se han puesto en marcha a la espera de que la Comunidad de Madrid les ofrezca una alternativa definitiva.

Desde el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo han dicho a EFE que el Ayuntamiento de Madrid se ocupa de atender la emergencia pero que el realojo definitivo de las cuatro familias desahuciadas es competencia de la Comunidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a las fuerzas políticas en su cuenta de Twitter a llegar a acuerdos para acabar con el "drama de la vivienda en España".

"Hoy 4 familias han perdido su hogar por los desahucios en #Argumosa11. Esta vez la política no ha llegado a tiempo y la sociedad sigue esperando respuestas. No pueden tardar más", ha escrito Sánchez.

"Nosotros siempre tratamos de dar soluciones a las personas que lo están pasando mal", ha dicho el presidente regional, Ángel Garrido, quien ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a intentar darle solución a este desahucio con los recursos de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Con respecto a la orden de desahucio, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dicho que el Gobierno "acata y obedece las sentencias aunque puedan ser injustas".

Desde Podemos han denunciado que estos desalojos son "violaciones flagrantes de los derechos humanos", ha señalado el diputado Rafael Mayoral, que ha visto "responsabilidades políticas" en esta actuación.