La vida de María Dolores Álvarez, una viuda de 82 años con seis hijos y vecina del municipio de Covelo, cambió por completo un sábado de noviembre de 2017 cuando regresaba a su casa en As Barreiras tras oír misa en la iglesia parroquial como hacía todos los sábados. Dos perros potencialmente peligrosos, un dogo de Burdeos de 5 años y un mestizo de la misma raza de 8 meses, propiedad de su vecino Natam Casqueiro, salieron de la finca y la atacaron en el camino a su domicilio. La mujer logró salvar la vida de milagro, pero el ataque canino acabó con su independencia. No sólo tuvieron que amputarle ambas piernas por encima de las rodillas, sino que las secuelas del brutal ensañamiento de los animales la dejaron impedida para valerse por si misma y precisa ayuda de terceras personas.
Los perros, en su feroz ataque según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, la hicieron caer al suelo, la siguieron mordiendo y la arrastraron durante 25 metros causándole lesiones consistentes en politraumatismo con múltiples heridas incisas por mordedura en cuero cabelludo, abrasiones en el tronco, extremidades inferiores y superiores, desgarros musculares y fracturas en las piernas... Uno de sus hijos resumió en su día la dantesca escena que se encontraron quienes acudieron a socorrerla: "Uno de los pies se lo comieron en el sitio".
El dueño de los perros, incluídos en el registro de animales potencialmente peligrosos, incumplía todas las normativas, según el escrito de acusación del Ministerio Público: Carecía de licencia, no los había registrado, no tenían seguro, ni microchip ni cartilla sanitaria. Incide, además, en que no tenía a los canes dentro de un habitáculo con cerramiento, ni con bozal, ni adecuadamente atados:"De modo que no existía ninguna medida de protección o seguridad que les impidiera saltar un pequeño muro que circundaba la finca para acceder a la vía pública, con el consiguiente peligro para quienes por ella transitaran". Por eso, el Ministerio Público solicita para Natan Casqueiro 3 años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.
De la noche a la mañana la vida de Dolores cambió. Perdió salud -tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y tardó en curar 200 días, además de sufrir importantes secuelas- pero también perdió su movilidad y por tanto su independencia.
La mujer vivía sola y se entretenía cuidando a sus animales, pero ahora ha tenido que irse a casa de su hija porque necesita una vivienda adaptada. Dolores no solo está confinada en una silla de ruedas, sino que también ha perdido movilidad y fuerza en el brazo izquierdo. Lo único que puede hacer sola, según su familia, es comer lo que le ponen ya cortado en el plato.
Su falta de autonomía personal para realizar movimientos y desplazamientos incluso sencillos o cortos, produce un incremento de costes de movilidad. Así, fue preciso entre otras cosas construir una rampa de acceso a la vivienda, una silla de ruedas eléctrica, una grúa eléctrica para poder acostarla, una cama con carro elevador o un vehículo adaptado a su minusvalía. De ahí la indemnización que solicita ala Fiscalía de casi 700.000 euros -583.112 euros por las lesiones y secuelas y 116.000 euros por los gastos de adecuación de su vivienda-.
La acusación pública, además, reclama que el dueño de los perros abone otros 1.200 euros al año por los gastos de asistencia sanitaria futura a la mujer y que indemnice al Sergas en 28.147,20 euros por los gastos de curación causados.
Los dos perros fueron trasladados en su día al Centro de Acollida e Protección de Animais (Caan), dependiente de la Diputación de Pontevedra. El más joven, mestizo de dogo de Burdeos y bóxer, falleció, pero el mayor sigue vivo. En este caso la Fiscalía solicita "que se le de el tratamiento que administrativamente corresponda".
