El desenlace en forma de sentencia judicial de la Operación Lignito de la Guardia Civil, desplegada contra una red de presuntos narcos del sur de la provincia de Pontevedra, está más próximo. Todavía no hay fecha de juicio, pero la Fiscalía ya formuló su escrito contra las 7 personas que deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Afincados en los municipios de Oia, Tomiño, Goián y Mos, los acusados afrontan penas que en global suman 61 años de prisión. La máxima, de 15 años, se solicita para José Manuel F.M., condenado en 2012 por tráfico de drogas y al que en esta ocasión el Ministerio Público atribuye un papel de "suministrador" de estupefacientes en el entramado. La acusación de venta de drogas no es la única que pesa sobre este hombre, ya que entre los delitos que se le atribuyen está el de atentado a la autoridad y sus agentes. Y es que supuestamente, durante el registro en su casa de Santa María de Oia, encañonó a la comisión judicial con una escopeta. "¿E agora que?, ¿quen manda agora? Querédesme joder, vouvos coser a tiros", les habría amenazado.
La Fiscalía formula acusación por delitos contra la salud pública -en algunos casos en cantidad de notoria importancia-, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y del referido delito de atentado. Las peticiones oscilan entre los 4 años y medio de cárcel y 3.000 euros de multa que el fiscal solicita para una mujer que estaba en el escalón más bajo del grupo y los 15 años y un millón de euros de sanción planteada para el vecino de Oia que protagonizó el incidente con el arma de fuego en el registro, al que por este atentado se le pide a mayores multa 2.160 euros. La acusación pública demanda asimismo el comiso, para su adjudicación al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga, de las sustancias, armas, munición, dinero, vehículos y otros efectos intervenidos. Junto a la droga -principalmente cocaína, pero también heroína-, en el operativo fueron incautados seis vehículos -tres de ellos Audis A3-, casi 90.000 euros en efectivo que en algún caso estaba envasado al vacío y plastificado, así como una veintena de teléfonos móviles.
La operación del grupo EDOA de la Guardia Civil con la colaboración del SVA de Vigo se remonta a octubre de 2016. El fiscal inicia su escrito relatando el papel de los acusados que estaban en los escalones más bajos. Se trata dos parejas, la formada por Jorge T.F. y Sofía M.C., de Oia, y la de Herman T.G. y Lorena D.P., afincados en Goián. La acusación les atribuye durante 2016 una actuación "sostenida y coordinada" para el acopio y comercialización de estupefacientes. Jorge era supuestamente quien adquiría la sustancia, con un "papel preponderante" sobre los otros tres en la actividad dirigida a vender las dosis.
La "principal fuente de suministro" de drogas de estas cuatro personas era, según la Fiscalía, Miguel A.C., de Tomiño, que presuntamente mantenía "al mismo tiempo" su propia actividad de "distribución ilícita". Cuatro de los vehículos incautados se le atribuyen a él. Y en relación directa con este investigado, prosigue el escrito, estaba Miguel M.V., vecino de Mos.
Grave incidente
El último de los acusados es José Manuel F.M., que supuestamente era suministrador de Miguel A.C. Fue este hombre el que en el registro de su casa, "actuando con ánimo de menoscabar la función pública" que desarrollaba la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) y los guardias civiles allí presentes, logró coger una escopeta de dos cañones que guardaba en un armario del dormitorio, "encañonando directamente" a la comisión judicial.
Tras intentar sin éxito que depusiese su actitud, los agentes lograron sujetar la escopeta, desviarla de la línea de tiro "que amenazaba gravemente a los allí presentes" y, tras un forcejeo, hacerse con el arma.
En los distintos registros la Guardia Civil también se incautó de varias pistolas, revólveres, un arma de fuego con apariencia de bolígrafo, la reseñada escopeta y munición.
