Una macrocausa a la que aún le queda recorrido. Un caso abierto en 2011 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela en el que se investiga una presunta trama de compraventa de decodificadores que, una vez manipulados, permitían acceder fraudulentamente a canales de televisión de pago continúa en plena investigación judicial. El procedimiento, que ya acumula miles de folios en casi medio centenar de tomos, suma a día de hoy 68 investigados de distintos puntos de España: 42 personas y 26 empresas, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Y el asunto se sigue por la supuesta autoría de delitos contra la propiedad industrial e intelectual, integración en organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. Una pericial informática es una de las pruebas clave que todavía faltan en un proceso que, por su complejidad, número de imputados, jornadas de toma de declaraciones o el sinfín de recursos y resoluciones que genera, supone una gran carga de trabajo para la sala redondelana.
Además de la Fiscalía, hay varias acusaciones particulares que, según las mismas fuentes, son Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), DTS Distribuidora de Televisión Digital y Mediaproducción S.L.U. (Mediapro). Recientemente, el Tribunal Supremo se pronunció en un auto judicial en relación con este caso, para resolver una cuestión de competencia, determinando que la investigación, que ya lleva un recorrido de siete años, debe seguir en Redondela al no concurrir los requisitos para que la asuma la Audiencia Nacional.
La referida resolución concreta que las diligencias se incoaron en 2011, tras una denuncia por venta de decodificadores "falsos" a través de internet presentada contra una empresa de venta de productos de electrónica e informática que estaba radicada en Soutomaior. Fue el arranque de unas pesquisas que con el paso del tiempo fue creciendo y acumulando denunciantes hasta convertirse en un macroproceso con investigados de distintos puntos del territorio español.
En los autos dictados este 2018 a raíz de la cuestión de competencia surgida se describe que los imputados se dedicaban supuestamente a la compraventa de decodificadores que, "una vez manipulados por el comprador conforme a instrucciones que se difunden por internet", permitían el acceso "fraudulento" y sin coste a canales de televisión de pago, y concretamente a contenidos como partidos de fútbol, películas, series... Junto a ello, se indaga en presuntas actividades de blanqueo "con las ganancias obtenidas" .
Alemania y Lituania
La investigación practicada arroja indiciariamente que "una pluralidad de investigados actuarían de forma organizada" para posibilitar el "acceso ilícito" de "un número ingente de particulares" a esos contenidos audiovisuales respecto de los cuales los imputados "no ostentaban derecho alguno" . "Dicha actividad delictiva incluiría también un relevante elemento internacional, al llevarse a cabo la difusión ilícita de contenidos desde servidores ubicados en Alemania y Lituania", añade una de las resoluciones, concretando que el fin era "obtener un beneficio económico de elevadísima trascendencia", con el consiguiente perjuicio para las empresas titulares de los derechos de propiedad intelectual. Otra de los datos que se maneja en la instrucción es la compra de decodificadores en China. Al menos algunos investigados habrían negado haber pirateado los decodificadores o haber facilitado las instrucciones para hacerlo, alegando que eran los consumidores finales quienes alteraban los dispositivos.
Fuentes consultadas relatan que los interrogatorios judiciales siguen. Una prueba que falta es una pericial informática. También serán claves los informes policiales del blanqueo. Y aunque se manejó que el perjuicio sería de 28 millones de euros, la cifra es provisional ya que las entidades que ejercen la acusación particular deben presentar informes económicos sobre esta cuestión.
