Un millonario fraude fiscal que llega a juicio diez años después. El Juzgado de lo Penal 3 de Vigo ha fijado para esta semana la vista oral contra cinco empresarios acusados de un delito contra Hacienda en relación con la declaración del IVA de 2008 y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El negocio parecía redondo: casi 6 millones de dólares, equivalentes a 3,7 millones de euros, fueron recibidos en la cuenta bancaria de una empresa de Vigo en 2008. Procedían de una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional de Angola y supuestamente constituían el anticipo de un negocio de venta de paneles solares al Gobierno de dicho país africano.
La Fiscalía considera sin embargo que la actividad comercial nunca existió pues "no consta justificación por la prestación de bienes y servicios de ninguna clase" y acusa al responsable de la sociedad viguesa y a otros cuatro empresarios de idear un entramado de facturas falsas para dar apariencia de legalidad al falso negocio y justificar los movimientos que dieron origen a dicha transferencia comercial.
Así, expone en el escrito de acusación, se emitieron facturas falsas desde una mercantil lusa por un presupuesto de proyecto integral de instalación de una máquina de energía solar fotovoltaica, de otras firmas propiedad de los acusados en concepto de paneles solares e incluso otra serie de facturas ficticias relacionadas con una supuesta actividad de construcción y comercio de madera.
También, desde la firma viguesa, se habrían emitido facturas falsas para originar supuestos gastos que disminuyesen el importe de sus obligaciones tributarias, según el escrito de acusación.
El Ministerio Público solicita penas de 4 años de prisión, multa de 1,1 millones de euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones para GD.M.S. y R.G.R. a los que considera autores de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad continuada en documento mercantil junto con J.N.C. , para quien pide 3 años y multa también de 1,1 millones. Todos ellos, además, deberán indemnizar solidariamente a la Agencia tributaria en el importe de la cuota defraudada, estimada en 1.040.469,68 euros.
Para J.A.S. la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel como cooperador necesario, al igual que J.L.A.A. si bien para éste solo pide 9 meses de prisión ya que le aplica la atenuante de confesión, pues reconoció en su día ante la inspección de la Agencia Tributaria la falsedad de las facturas en las que aparece vinculado.
Para el Ministerio Público el ingreso recibido por la empresa de Vigo supuso un "incremento patrimonial no justificado" que originó un fraude a Hacienda superior al millón de euros.
