José Manuel González Grandal, "Josiño", el principal acusado de la mayor estafa de Salvaterra por la venta de pisos y locales inexistentes este municipio, en Vigo y O Morrazo, que dejó al menos una treintena de afectados y un perjuicio de más de 3 millones de euros, sigue compareciendo en los juzgados a la espera de juicio diez años después. La Audiencia Provincial de Pontevedra, a petición de su defensa, ha reducido las presentaciones que durante ocho años le llevaron a la sede judicial todos los lunes, por una única comparecencia al mes, en contra del parecer del Juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas quien en abril aseguraba que la causa estaba prácticamente instruida y se hacía necesario garantizar su presencia en el juicio, recordando que en 2008, cuando saltaron las denuncias, "Josiño" huyó y hubo que ordenar su búsqueda y captura. Una orden que dio frutos apenas dos meses después, cuando fue detenido en San Sebastián.
La Audiencia de Pontevedra sostiene que no puede asumir los argumentos del juez instructor "habida cuenta del tiempo transcurrido desde la adopción de la medida cautelar". Reconoce que Rodríguez Grandal tuvo fue arrestado mediante requisitoria y entonces se le envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza durante dos años, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza hipotecaria y con obligación apud acta de comparecer todos los lunes en el Juzgado de Instrucción. Una obligación "que ha venido cumpliendo a lo largo de casi ocho años".
De ahí que el tribunal provincial decida que "por graves que puedan ser lo hechos que se le imputan (falsedad documental y estafa continuada con múltiples perjudicados), la necesidad de sujeción del investigado al proceso no es suficiente para mantener la medida cautelar de lo que en su día se acordó. Junto a este parámetro, deben valorarse también el tiempo transcurrido desde su adopción (casi 8 años), la ausencia de incidencias, la existencia de arraigo personal y familiar del investigado y la fianza hipotecaria". De ahí la decisión de que las presentaciones de "Josiño" pasen a tener carácter mensual.
Lo cierto es que la causa del mayor fraude inmobiliario de Salvaterra permanece aún en fase de instrucción en el Juzgado de Ponteareas que la abrió en 2008 y que ha ido dictando prórroga tras prórroga. Diez años después no hay fecha para la celebración de un juicio que se dilata sine die. Todavía hay recursos pendientes y ni siquiera se ha llegado a la fase de presentación de los escritos de acusación y defensa.
El fraude se hizo público con las primeras denuncias en junio de 2008, pero el principal investigado, José Manuel González Grandal, "Josiño", y su supuesto socio José Carlos Romero, "O Carpinteiro", habían volado cuando la Guardia Civil fue a buscarlos. Sus parejas sentimentales también fueron imputadas ya que formaban parte de algunas sociedades. Apenas dos meses después "Josiño, por entonces de 40 años, caía en San Sebastián. La estafa habría dejado damnificados en Vigo, O Morrazo, O Condado, Mos, Palma de Mallorca y varias zonas de Levante que invirtieron en la compra de unas propiedades que nunca obtuvieron.
El hecho de que Josiño estuviera casado con una colombiana hizo sospechar que parte del dinero habría sido enviado allí, donde al parecer se encontraba el matrimonio cuando se dictó la orden de búsqueda y captura de Grandal. El Juzgado de Ponteareas solicitó en su día una comisión rogatoria en busca de posibles bienes de la pareja allí. El investigado, al ser capturado manifestó que precisamente había regresado para entregarse y que si se hubiera ido con el dinero que se decía "no habría vuelto". Mantuvo su inocencia y acusó a terceras personas de la estafa. Se defendió argumentando que era comercial de dos promotoras y que él sólo cobraba comisiones.
Si bien en un principio se habló de un centenar de damnificados, muchos habrían desistido con el paso del tiempo, de ahí la dificultad de estimar la cuantía del fraude, valorado inicialmente en unos 3 millones de euros, mientras sigue la investigación.
