El Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) pidió ayer 18 años de prisión para el exjefe de Control de Pensiones de Zamora, C.C.V., que presuntamente se quedó con unos 600.000 euros de la pensión de su abuelo muerto (549.591 euros), de incrementar la de su padre ( por un montante de 35.949 euros) y tramitar la de una amiga que no tenía derecho a ella.
En el juicio, que quedó visto para sentencia, la Fiscalía ha rebajado la pena a 14 años de prisión, en ambos casos por delitos de cobro indebido de prestaciones y continuados de estafa y falsedad en documento público, mientras que la defensa ha pedido dos años de prisión por un presunto delito de cobro indebido de prestaciones.
En la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Zamora también se ha juzgado a M.M.P., la mujer a la que tramitó la pensión de viudedad y una de orfandad para su hijo, a la que las acusaciones han pedido penas que suman seis años de prisión por cobro indebido de prestaciones y la defensa la libre absolución.
El principal acusado admitió que rehabilitó la pensión de su abuelo siete años después de que hubiera fallecido y la mantuvo durante dieciséis años, hasta que se descubrió el fraude.
Para que no lo detectaran, el funcionario modificó varias veces la edad de su abuelo, ya que de haber vivido tendría 120 años, y además incrementó la cuantía de la pensión al máximo, hasta tres mil euros al mes, al calificarla de gran invalidez.
El exjefe de Control de Pensiones sostuvo que no puede devolver el dinero porque lo gastó "por la adicción al juego y otras cosas" y reconoció que se ofreció a tramitar a una amiga, sin que esta se lo pidiera, una pensión de viudedad y otra de orfandad a las que no tenía derecho.
