Un caso a las puertas de juicio. La Fiscalía solicita penas que suman casi 27 años de prisión para J.G.F., el entrenador de la localidad pontevedresa de Mos procesado por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años -jugadora del equipo de fútbol sala femenino al que entrenaba- con la que al parecer mantenía una relación pese a que la chica no alcanzaba la edad mínima de consentimiento sexual. La investigación judicial determinó que también habría abusado de una segunda menor. El acusado permanece en prisión provisional desde octubre de 2016 -llegó a estar en libertad un corto período de tiempo, pero se ordenó su reingreso por riesgo de reiteración delictiva-, medida que el Ministerio Público, en su escrito provisional de calificación, interesa que se mantenga. La fiscal aplica a este hombre la circunstancia agravante de reincidencia dado que en su historial ya cuenta con una condena por abusar de otra adolescente.

El Ministerio Fiscal acusa al procesado de cuatro delitos, dos por cada una de las dos presuntas víctimas. Con respecto a una de las adolescentes, le atribuye la supuesta autoría de un delito continuado de abusos sexuales y otro también continuado de elaboración de pornografía infantil, ambos sobre menor de 16 años. Y en relación con la otra joven, considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años y de otro de exhibicionismo y provocación sexual.

En total, la fiscal pide que sea condenado a 26 años y 8 meses de cárcel. Junto a las penas privativas de libertad -en las que señala que procede el abono del tiempo que permanezca en prisión preventiva-, solicita las accesorias de prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas y la de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

Asimismo, en cada uno de los delitos demanda la medida de libertad vigilada -por un período que en total suma también prácticamente 27 años- con una serie de condiciones de obligado cumplimiento: junto al alejamiento con respecto a las dos chicas y la prohibición de llevar a cabo actividades de carácter laboral, lúdicas o deportivas en las que participen personas que aún no hayan alcanzado la mayoría de edad, establece que se prohíba al procesado acudir a eventos, espectáculos o acontecimientos públicos y deportivos destinados a menores. Y también que se le impida acercarse a menos de 500 metros de los recintos donde se celebren este tipo de eventos. Por último, la acusación pública solicita en su escrito que el acusado se someta a un programa de educación sexual.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal interesa que J.G.F. indemnice con 25.000 euros a una de las adolescentes y con 1.500 a la otra, en ambos casos por daños morales. Y señala que procede el comiso del teléfono móvil intervenido al procesado y la eliminación del material pedófilo hallado en el mismo. Informa a favor de la restitución del material informático intervenido en su domicilio y vehículo, "cuyo análisis resultó sin interés para la causa".

Equipo

En la versión restringida del escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico -para proteger la intimidad de las víctimas- se indica, sobre los hechos con la menor por la que se pide mayor pena, que el acusado presuntamente comenzó a mantener relaciones sexuales con ella entre diciembre de 2015 y enero de 2016. La chica formaba parte del equipo deportivo que entrenaba el acusado -el mismo que dirigía cuando fue denunciado en 2010 por abusos a otra adolescente-. "Las relaciones se mantuvieron periódicamente en distintos momentos y lugares, hasta la detención del procesado en octubre de 2016, valiéndose para ello tanto de su diferencia de edad, como de su condición de entrenador y mentor, así como de la especial situación familiar de la víctima, logrando así obtener su total confianza y sumisión", se señala. También abusó presuntamente de otra joven.