El Supremo confirmó la condena a tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante en 2016 a una mujer que aprovechó su cargo como directora de un geriátrico para quedarse con el dinero obtenido de la venta de parcelas de uno de los residentes, parte del cual utilizó para comprar un Jaguar.
María Ignacia I. B., entonces directora de una residencia de ancianos de Torrevieja, utilizó la confianza otorgada por uno de los residentes, Pablo Anselmo F. O., para otros fines a los previstos. Según la sentencia, Pablo Anselmo formalizó en 2003 ante notario una escritura de poder general a favor de la directora de la residencia -que dejó el cargo en 2008- con la facultad, entre otras, de administrar bienes muebles e inmuebles y disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar toda clase de bienes.
