El juicio contra cinco jóvenes acusados de violar supuestamente hace más de un año a una joven durante las populares fiestas españolas de San Fermín, que se celebran en la ciudad de Pamplona (norte), quedó hoy visto para sentencia tras las conclusiones de sus abogados defensores.

Los imputados, un grupo de amigos de Sevilla (sur) que se autodenominan 'La Manada', se enfrentan a penas de 22 años y 10 meses de cárcel cada uno, por los supuestos delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia.

Los hechos que se han juzgado, en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años en España, sucedieron en la madrugada del 7 de julio del 2016 y han generado un fuerte debate en la sociedad española sobre el "doble juicio" al que se somete a las mujeres víctimas de abusos sexuales frente a sus agresores.

En la última jornada del juicio, que comenzó el pasado 13 de noviembre y se celebró a puerta cerrada, excepto los dos últimos días, los acusados, entre los que se encuentran un guardia civil y un militar, ejercieron su derecho a la última palabra y se declararon uno a uno "inocente", además de asegurar que "confían plenamente" en la Justicia.

Antes, los abogados defensores insistieron en que no hay pruebas que contradigan la versión de sus clientes de que las relaciones sexuales fueron consentidas, por lo que defendieron su inocencia.

Agustín Martínez Barrera, quien llevó la defensa en común de tres de los jóvenes, negó los cargos sustentados en unas pruebas, a su juicio, "viciadas de origen".

"No son modelo de nada", incluso "patanes", "imbéciles" en algunos aspectos, "simples" y "primarios" con el fútbol o las relaciones sexuales -"cuantas más mejor"-, pero son "trabajadores" y "buenos hijos" y se "está destruyendo" su imagen y su nombre "sin que hayan cometido el delito", aseguró.

Por su parte, Jesús Pérez, abogado del acusado que trabaja como guardia civil, afirmó que la declaración de la víctima estuvo "influenciada por terceros" y también "instrumentalizada" y sostuvo que "la presión mediática" influyó en los testigos.

Por tanto, puso en duda la objetividad del informe de la Policía sobre los vídeos grabados por los acusados durante la supuesta violación, y también el realizado por las psicólogas del juzgado, que acreditaba la existencia de estrés postraumático en la joven.

Defendió no obstante el informe psicológico realizado por el perito de la defensa que, según dijo, indica que la denunciante "exageraba los síntomas de depresión y ansiedad" y había "rasgos histriónicos" en ella.

Manuel Canales, defensor del quinto procesado, de carrera militar, proclamó la inocencia de su cliente y aseguró que la joven denunció lo sucedido por el "pánico" que sintió al pensar que se habían grabado las relaciones sexuales con su móvil.

Canales subrayó que la chica "no quería denunciar, se vio forzada por las circunstancias" y necesitaba "buscar una solución, una salida" si las grabaciones estaban en su móvil, que subió las imágenes a internet automáticamente.

El abogado, consideró que antes de llegar al portal donde sucedieron los hechos "acordaron todos ellos mantener relaciones sexuales", y opinó que quizás a la chica le sentó mal que la dejaran diciéndole, "con malas formas, muy mala educación y fuera de las reglas de la caballerosidad", que iban a "seguir la fiesta solos", pero los acusados "no huyeron".

Por su parte, Carlos Bacaicoa, uno de los letrados de la joven, se mostró convencido de que los acusados serán declarados "culpables".

A lo largo de los días que duró el juicio, ha habido numerosas manifestaciones a favor de la joven y en contra de que se "juzgue" a la víctima, en las que se hizo popular el eslogan: "no es no".